Bangladesh / Redacción
El Gobierno del Bangladesh aprobó la pena de muerte para el delito de violación, este tema ha causado constantes protestas ciudadanas. En las que exigen mayores sanciones judiciales contra los que cometan estos hechos; esto a raíz de que se difundiera un video en el que se observa a un grupo atacar sexualmente a una mujer.
Han ocurrido protestas desde la semana pasada en dicha nación, tras hacerse viral el registro de un hecho ocurrido en el distrito sureño de Noakhali, en septiembre del año pasado, del que se han detenido al menos a 10 hombres; y del que el tribunal ha ordenado prohibir la difusión del video en el país.
Anisul Haque, Ministro de Justicia, declaró que la decisión del gobierno sobre el castigo es definitiva, misma que entrará en vigor mañana; luego de que se emita una ordenanza oficial.
“El gabinete aprobó la propuesta para enmendar la Ley de Crueldad hacia las Mujeres y los Niños incrementando el castigo por violación a la pena de muerte o el encarcelamiento de por vida, en lugar de la anterior, que contemplaba (solo) la prisión de por vida”; explicó el ministro.
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Anteriormente la cadena perpetua y la pena de muerte para los violadores, se daba cuando la víctima fallecía a consecuencia de la violación; o si era asesinada durante la agresión sexual.
Estas nuevas penas impuestas por el Ejecutivo calmaron un poco las constantes propuestas, aunque hay quienes aún esperan que se lleven a cabo otras medidas.
Arif Noor, manifestante y miembro del grupo cultural Udichi mencionó que continuará su protesta en contra de la violencia sexual; por lo que se reanalizará una concentración de mujeres mañana y una marcha den bicicletas el miércoles.
Según Ain O Salish Kendra, un grupo derechos humanos, se tiene un registro de 975 mujeres violadas en Bangladesh; esto entre enero y septiembre de 2020, de las cuales 208 ocurrieron en grupo. De estas víctimas, 43 murieron después de la violación y otras 12 se suicidaron.
Amnistía Internacional declaró la semana pasada, que del 3,5 por ciento de los casos presentados entre 2001 y julio de 2020, bajo la Ley de Prevención de la Opresión contra Mujeres y Niños habían dado lugar a sentencias judiciales; y el 0,37 por ciento dieron como resultado en condena.
























