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Ciudad Juárez, Chihuahua / Redacción
Fueron inhabilitados 12 colaboradores de César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, ya que enfrentan acusaciones de tener relación con la supuesta red de corrupción que es investigada por medio de la Operación Justicia para Chihuahua.
Esto lo dio a conocer la titular de la Secretaría de la Función Publica del estado, Mónica Vargas Ruiz, precisamente en el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.
La SFP inició con 73 procedimientos administrativos, en los que se involucran al mismo número de ex servidores públicos, por daño al erario cercano a los mil 794 millones de pesos.
La funcionaria explicó que en 5 desvíos se le relaciona al ex mandatario, por haberse beneficiado económicamente de manera indebida, habiendo apoyos y subsidios que se entregaron a empresas y asociaciones civiles ligadas a él.
De los 73 procedimientos que inició la SFP, 4 son de personas allegadas a Duarte y los identificaron como operadores, sumando entre 35 y 30 procedimientos, además 3 de ellos también enfrentan un proceso penal.
Vargas Ruiz detalló que de esta investigación se han impuesto 13 sanciones económicas por 273 millones de pesos, mismas que se integran al erario.
Refirió que desde que inició la administración del Gobernador Javier Corral, se realizan trabajos en materia de combate a la corrupción, recibiendo 97 denuncias, entre ellas de las secretarías de Hacienda, Desarrollo Rural, Innovación y Desarrollo Económico, Educación y el Fideapech, con respecto a actos irregulares detectados.
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SFP dio paso a los procesos de auditoría e investigación, con los cuales determinó que en 88 de los casos había actos constitutivos de delito e irregularidades administrativas, en las 9 restantes solo del tipo administrativo.
Algunas irregularidades que se detectaron son adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, contrataciones con empresas fantasma, pagos indebidos al obtener la documentación justificativa y comprobatoria de la erogación de este recurso, obra pagada no ejecutada, predios pagados por encima de su valor y otorgamiento indebido de beneficios.
La funcionaria explicó que la recuperación de los recursos se trata de un proceso muy largo, ya que las personas sancionadas cuentan con varios medios de defensa, los cuales hacen que se alarguen los plazos donde se pueden efectuar la economía.
Dijo que en su mayoría los asuntos investigados por la SFP, inician procedimientos administrativos, a la vez que se desarrollan los del tipo penal, en otras instancias. De igual manera se llevan a cabo trabajos para la detección , así como la sanción a la corrupción en la actual administración.
Los actos cometidos posterior a la promulgación de la actual Ley General de Responsabilidades son graves, la SFP se concreta a substanciar y la instancia que resolverá es el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Pero en el caso de Operación Justicia para Chihuahua, todos los hechos fueron cometidos con la ley anterior, entonces nos corresponde substanciar y resolver, es decir, imponer sanciones, mientras que en los hechos irregulares que detectemos de esta administración, se calificarán con base en Ley General de Responsabilidades del Estado de Chihuahua”, detalló Vargas Ruiz
