México/ Redacción:
Después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que Luis Videgaray fue inhabilitado 10 años desde hace un mes, notificado sobre esto el pasado 11 de mayo, el ex funcionario anunció que impugnará la inhabilitación que se le impuso.
Videgaray explicó que la inhabilitación es a consecuencia de una supuesta omisión de reporte de cuentas bancarias cuando se trata de tarjetas de crédito sin saldo deudor que sí fueron mencionadas en sus declaraciones y la dependencia reconoce que no se generó ningún daño o perjuicio.
A través de Twitter, dio un comunicado, refiriéndose a la sanción en la que la SFP lo “considera administrativamente responsable de omitir manifestar ‘cuentas bancarias’ en mis declaraciones patrimoniales de 2015 a 2017” y precisa que impugnará la decisión.
“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”.
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El ex titular de Hacienda, explicó los motivos por los cuales se puede impugnar la decisión de la SFP:
En primer lugar, indicó que las supuestas cuentas bancarias a las que se refiere la Secretaría son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración, por lo que sostuvo que “las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales”.
Explicó que “no fueron incluidas en el apartado de pasivos, pues no tenían saldo deudor, pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones”, por lo que agregó que evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial.
El funcionario durante la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto también aseguró que la SFP, en el oficio mediante el que le notificó el pasado 11 de mayo su determinación, “reconoce que no obtuve ningún beneficio o libro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones y que no se generó ningún daño o perjuicio económico”.
