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Ciudad de México / Redacción. –
El Poder Judicial de la Federación de México se encuentra en medio de una semana de paro de labores que abarca desde el 19 hasta el 24 de octubre, en respuesta a la extinción de fideicomisos y con el respaldo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Durante este período, los tribunales y juzgados de la nación centrarán su atención exclusivamente en casos considerados urgentes, utilizando herramientas en línea para garantizar el acceso a la justicia.
El paro fue anunciado por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, coincidiendo con la discusión de un dictamen en el Senado relacionado con la extinción de fideicomisos. En diversos estados del país, los trabajadores judiciales se han manifestado en contra de esta medida, y el CJF ha decidido respaldar estas protestas al declarar como días inhábiles el período de paro.
El Consejo de la Judicatura Federal ha asegurado que se mantendrá el derecho de acceso a la justicia durante esta contingencia, priorizando la atención de casos urgentes. Para lograrlo, se implementará un esquema de guardias mínimas y trabajo remoto, permitiendo que los tribunales operen de manera eficiente y segura.
Además, se ha puesto a disposición de la ciudadanía un portal de servicios del Poder Judicial para que los asuntos considerados urgentes puedan ser tramitados de manera expedita. Las sesiones y audiencias de los órganos jurisdiccionales se llevarán a cabo exclusivamente de manera virtual durante este período.
Entre los asuntos que se atenderán durante el paro se encuentran los trámites urgentes definidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que incluyen casos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y algunos delitos contemplados en el artículo 22 de la Constitución.
Además, se considera la posibilidad de tramitar de manera urgente asuntos relacionados con la incorporación forzosa del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, así como aquellos en los que los derechos humanos pudieran verse afectados o haya impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Agenciaa / Vox Populi Noticias.
