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Una jueza federal de Cuernavaca concedió una suspensión definitiva con la que pretende impedir que se concrete la aprobación de la reforma judicial, que ya fue votada en la Cámara de Diputados y pasó al Senado.
Martha Magaña López, jueza Quinta de Distrito en Morelos, concedió la suspensión en el mismo amparo en el que, el sábado pasado, había otorgado una medida provisional en la que prohibía a los diputados discutir este dictamen.
Los diputados se negaron a acatar esta orden, por lo que ahora, el efecto de la suspensión es que la minuta no sea discutida en el Senado, ni enviada a las legislaturas de los Estados para completar el proceso de reforma constitucional.
“(El dictamen) no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y, deberán abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”, dice la resolución.
“En el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado”, agrega.
El presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, ya adelantó que nada detendrá el proceso de reforma, por lo que es previsible que esta suspensión será ignorada, como otras resoluciones judiciales de los últimos dos años que el Congreso no ha cumplido, entre ellas varias de la Suprema Corte de Justicia.
Ante la violación a una suspensión, los jueces sólo pueden denunciar el probable delito de abuso de autoridad ante la FGR, que en los últimos años ha recibido varias querellas de este tipo contra altos funcionarios del Gobierno, pero no ha actuado contra ninguno.
El efecto de no enviar la reforma a los Congresos locales también está previsto en la suspensión provisional que un juez federal de Chiapas concedió el sábado, misma que no prohíbe la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
La jueza Magaña concedió la suspensión en un amparo promovido por cuatro jueces federales, que al igual que la mitad de sus colegas de todo el País tendrán que someterse a elección por voto popular en junio de 2025, o dejar el cargo.
