En comisiones unidas, senadores aprobaron por unanimidad el dictamen por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución para establecer un sistema de vivienda con orientación social para los trabajadores.
Con 33 votos a favor, las comisiones de Puntos Constitucionales, Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, aprobaron sin cambios la minuta que envió al Senado la Cámara de Diputados.
El dictamen aprobado plantea que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, obligación que se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores.
El fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.
La reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. Y precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.
Se determina que, en cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia; además, la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que con esta reforma se podrán construir poco más de un millón de viviendas en seis años, lo que es relevante para la ciudadanía.
Añadió que la reforma constitucional resuelve el “enorme problema” de establecer la responsabilidad directa del Estado para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, lo cual, además, ayudará a disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.
La senadora morenista Andrea Chávez Treviño destacó que con la reforma la gente tendrá derecho a una vivienda con acceso a servicios básicos y públicos, además de que eliminará malas prácticas de varios políticos, donde los trabajadores “estaban condenados a una estructura clientelar” para que les pudieran dar acceso a un hogar.
Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, indicó que, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, una vivienda en México asciende a un millón 700 mil pesos, pero va variando de acuerdo a las entidades federativas y se ha incrementado hasta en un cinco por ciento anual, lo que hace que miles de trabajadores no puedan de obtenerlas, por lo que aceptó que esta reforma es muy importante, pero consideró que se deben clarificar algunos conceptos del proyecto, e incluir a los trabajadores del Estado.
Del PRI, la senadora Mely Romero Celis aseguró que esta iniciativa “va en el sentido correcto”, porque permitirá encontrar una vía de solución para las viviendas abandonadas y se ampliará el acceso a créditos; pero consideró que este proyecto será una solución para quienes tienen un empleo formal y no para los millones de trabajadores que están en la informalidad, sobre todo los jóvenes que están en esta situación.
A favor del dictamen, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, destacó que, aunque se ha avanzado en la política pública, aún se enfrenta un déficit de más de ocho millones de personas que carecen de vivienda digna, por lo que es necesario desburocratizar los accesos a créditos para trabajadoras y trabajadores.
Alejandro González Yáñez, también del PT, precisó que los aportes generales de la reforma son el acceso a crédito barato y suficiente para adquirir, mejorar, construir vivienda y suelo; además de establecer que la mensualidad de arrendamiento social no excederá al 30 por ciento del salario mensual de un trabajador.
“En las leyes secundarias esto se debe precisar, porque una Constitución debe ser genérica”, puntualizó.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, celebró las reformas a la política de vivienda, ya que aproximadamente existen 35 millones de personas que viven en hacinamiento, lo cual afecta en primer lugar el desarrollo de la infancia. Señaló como pendientes atender el derecho a vivienda de trabajadores en la informalidad y favorecer la autoconstrucción.
