Una reforma aprobada recientemente por el Senado amenaza el equilibrio de poderes y los derechos de los ciudadanos. Esta ley permite al Legislativo alterar la Constitución sin que los tribunales puedan revisar su legalidad. Gonzalo Treviño González —líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tampico— expresó su inquietud por esta modificación que compromete las garantías esenciales que han resguardado a la población por décadas.
Desde su origen, han defendido firmemente el Estado de Derecho y las garantías individuales. El Juicio de Amparo, pilar de la justicia en México por más de 160 años, está siendo erosionado. La iniciativa impulsada por el grupo mayoritario en el Senado suprime la posibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de este recurso. Esto permite decisiones del Congreso sin supervisión judicial y debilita el sistema de contrapesos.
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“Nos inquieta especialmente la rapidez y las omisiones con la que esta iniciativa ha sido promovida y aprobada en el Senado, sin el necesario consenso de los diversos sectores de la sociedad. Un cambio de tal magnitud en el marco constitucional requiere un análisis profundo y un debate amplio que considere consecuencias a largo plazo. No podemos permitir que decisiones tan cruciales se tomen de forma apresurada y sin la adecuada deliberación y consenso social”.
COPARMEX denuncia amenaza al equilibrio de poderes
Esta reforma no solo preocupa por limitar el derecho de los ciudadanos a defenderse frente a posibles abusos de autoridad, sino también por su aplicación retroactiva. Además, propone que decisiones anteriores de la Suprema Corte sobre inconstitucionalidad de reformas sean anuladas, violando el principio constitucional de no retroactividad. Esto genera gran incertidumbre legal que afecta la confianza de ciudadanos e inversionistas en el país.
La certeza legal es esencial para el desarrollo económico y social. Las empresas, tanto locales como extranjeras, necesitan un ambiente estable y previsible para operar y crear empleo. Al impedir que el Poder Judicial supervise las decisiones del Congreso, aumentan los riesgos de arbitrariedades y se erosiona la confianza en nuestras instituciones. Esto afecta negativamente la protección de los derechos ciudadanos y el progreso del país.
Por Rufino Aguilera
