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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en el centro del debate sobre la Reforma Judicial en México. La presidenta Claudia Sheinbaum deberá acatar lo que determine la CIDH respecto a esta reforma, señaló el ministro Javier Laynez Potisek.
El pasado 12 de noviembre, la CIDH llevó a cabo una audiencia para expresar su preocupación sobre la reforma que propone elecciones populares para elegir a Jueces. Andrea Pochak, relatora para México, afirmó durante la sesión:
“Tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”. La organización anunció que seguirá vigilando de cerca la implementación para asegurar el respeto a la independencia judicial.
En una entrevista con Azucena Uresti, el Ministro Laynez, dejó claro que una resolución en contra de la Reforma por parte de la CIDH obligaría al Gobierno a obedecer.
“Sí, es vinculatoria. Lo dice la constitución”, subrayó. Además, indicó que no cumplir con las decisiones de esta comisión sería grave: “Sería sumamente grave, es vinculatorio para todos los países. Todos los países han recibido condenas de la Corte Interamericana, nosotros mismos, y las hemos cumplido”, añadió.
Por su parte, Juana Fuentes, Directora de la (JUFED), explicó que la Constitución mexicana incluye los tratados internacionales y convenios suscritos por el país. Lo que refuerza el carácter vinculante de las decisiones de la CIDH.
— La Presidenta Sheinbaum, en su conferencia de prensa, expresó sorpresa ante la rapidez con la que la CIDH ha respondido a las quejas— .
“No hay ninguna violación a ningún derecho humano. México es un país libre, soberano, independiente”, señaló, defendiendo la Reforma y la soberanía de las decisiones internas.
Ante esta situación, el Gobierno defiende la Reforma. De tal manera, argumentando que da a los ciudadanos la oportunidad de elegir a los Jueces, y sostiene que fue aprobada con mayoría en el Congreso.
Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial ven con preocupación la posible intromisión del Ejecutivo en estas elecciones, programadas para 2025.
Pochak recordó que experiencias similares en otros países han evidenciado riesgos de deslegitimar el Sistema Judicial. La CIDH, comprometida con la vigilancia de los derechos humanos. Ha dado a conocer que seguirá monitoreando el proceso y manteniendo un diálogo con el Gobierno Mexicano —.
