TE PUEDEINTERESAR
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado pidió cuentas claras sobre el funcionamiento de Gas Bienestar.
A través de un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, solicitó que comparezcan tres funcionarios: Luz Elena González, secretaria de Energía; Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex; y Gustavo Álvarez Velásquez, quien encabeza Gas Bienestar.
Según los legisladores priistas, este programa es ineficiente, riesgoso y ya no se sostiene financieramente. Además, buscan que la paraestatal entregue un informe público —sobre cómo opera la filial— y que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión a fondo del impacto económico y de competencia en el sector.
Los senadores del Revolucionario Institucional señalaron que Gas Bienestar, lanzado en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no logró cumplir sus metas sociales ni económicas.
Desde que comenzó, aseguran que el proyecto ha tenido pérdidas constantes y que ha sobrevivido gracias al dinero público, principalmente de Pemex.
Datos oficiales muestran que entre 2021 y 2024 no hubo utilidades netas. Además, los ingresos bajaron de 254 millones de pesos en 2022 a 174 millones en este año.
Gas Bienestar: PRI pide auditoría por fallas y pérdidas
También se han destinado grandes cantidades a la operación: más de 1 300 millones de pesos se usaron en cilindros, mientras que otros cientos de millones se fueron en reparaciones por fallas de calidad. En 2024, Pemex destinó 300 millones de pesos para mantener a flote el programa.
Otro de los reclamos del partido tricolor es la poca cobertura. A pesar de prometer una expansión a todo el país, Gas Bienestar solo opera en nueve alcaldías de la Ciudad de México.
Además, señalaron problemas graves en los controles de calidad, como el caso de una explosión que provocó la muerte de una mujer en Gustavo A. Madero.
En lo económico, —acusan— a la empresa de distorsionar en su totalidad el mercado. Asimismo, mencionaron bloqueos logísticos, inspecciones sin justificación y presiones regulatorias contra los distribuidores privados.
El documento fue firmado por senadores del PRI, entre ellos: Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano Austria, Miguel Ángel Riquelme Solís y Claudia A
