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La organización Artículo 19 exige a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al expresidente Enrique Peña Nieto. Esto, luego de que se revelara que habría recibido 25 millones de dólares de empresarios israelíes que hicieron negocios en su sexenio, incluyendo la venta del software espía Pegasus.
En entrevista, Marta Tudón, oficial de derechos digitales de Artículo 19, fue clara al señalar:
“Quien debería investigar es la Fiscalía General de la República (FGR) y eso es lo que vamos a seguir exigiendo. Que se investigue y sancione a todos los responsables, incluyendo a personajes como el ex Presidente”.
Tudón subrayó que este caso no sólo involucra sobornos y corrupción, sino también el espionaje contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
“También estamos hablando de la vigilancia, el espionaje que se llevó a cabo contra periodistas, personas defensoras y activistas, y opositoras. Es decir, una parte son los sobornos y la corrupción, pero por otro lado es todo el espionaje que durante su gobierno se implementó en contra de estas personas”.
Artículo 19 pide a FGR indagar a Peña Nieto por software Pegasus
El reportaje que encendió las alarmas fue publicado por el diario israelí The Marker. El cual detalla un litigio entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, este último ligado al Grupo KBH, proveedor de Pegasus. En su disputa, ambos se acusan sobre la “inversión” que supuestamente realizaron en Peña Nieto entre 2012 y 2018.
Pero según Tudón, el problema no se detuvo ahí. Afirmó que el espionaje también ha seguido en el actual sexenio.
“Lo que queremos es que la Fiscalía haga su trabajo y tenga una investigación que dé con todos los responsables”.
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Desde hace años, Artículo 19 ha denunciado el uso del software Pegasus en México, especialmente desde el sexenio de Peña Nieto. Para Tudón, este tipo de prácticas van en contra de todo principio democrático.
“No es posible que, en un Estado democrático, un Presidente esté haciendo negocio, recibiendo sobornos por parte de empresarios extranjeros para adquirir y usar un software de espionaje o básicamente cualquier tecnología que pueda llegar a ser altamente intrusiva y viole los derechos de la población”.
Por eso, también llamó a que haya claridad sobre los recursos públicos utilizados en la compra de estas tecnologías:
“Tiene que haber también plena rendición de cuentas sobre cuántos recursos públicos se emplearon en la adquisición de tecnologías de vigilancia”.
