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El Poder Ejecutivo envió esta mañana a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional enfocada en el combate a la extorsión. De inmediato, el documento fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual votación.
Esta propuesta busca facultar al Congreso para que expida una ley general que unifique el tipo penal y las penas aplicables por extorsión, ante la variedad de castigos que existen actualmente en cada estado. También se busca que este delito quede clasificado como de alto impacto.
“Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno. Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y de manera más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad”, señala la propuesta presidencial.
Con reforma, el Ejecutivo quiere frenar la extorsión
El texto subraya que la delincuencia organizada utiliza con frecuencia la extorsión para obtener ingresos. Afectando no solo a víctimas directas, sino también a sectores completos al presionar a negocios y empresarios para manipular las condiciones del mercado mediante amenazas.
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Incluso, advierte que estas organizaciones han llegado a intimidar a funcionarios públicos con el fin de doblegar a las instituciones que representan. Usando la extorsión como vía para facilitar otros delitos y aprovechar los servicios públicos a cargo del Estado.
La iniciativa destaca la magnitud del problema: en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 amenazas. Cifra que aumentó a 29.77 en enero de 2025, lo que implica un crecimiento del 57.62 % en apenas seis años.
En cuanto a la distribución, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 % de las víctimas durante 2024. Mientras que solo el Estado de México acumuló el 33.1 % en enero de este año.
Dentro de los artículos transitorios, se otorga al Congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para emitir la ley secundaria. El objetivo es fortalecer de forma homogénea la coordinación entre Federación y estados, asegurar resultados y brindar a las autoridades de los tres niveles un marco que les permita responder mejor ante este delito y atender los daños y afectaciones a las víctimas.
