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La Sala Superior del Tribunal Electoral de Tamaulipas resolvió este martes desechar de forma definitiva las impugnaciones promovidas en contra de la elección de Tania Gisela Contreras López como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien será la presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas.
Las magistradas y magistrados determinaron que ni el Partido Acción Nacional ni una ciudadana promovente cuentan con interés jurídico para impugnar el resultado de la elección. Confirmando así la legalidad y legitimidad del proceso democrático que llevó a Contreras López a obtener la mayoría del voto ciudadano.
Las impugnaciones, centradas en cuestionamientos a su idoneidad, fueron desechadas al no cumplir con los requisitos legales para ser admitidas. Esto, en un intento fallido por parte del Partido Acción Nacional de intervenir de forma ilegal en la elección judicial. La sentencia no solo ratifica el triunfo electoral, sino que pone fin a una serie de intentos por obstaculizar, sin fundamento jurídico, la llegada de una mujer al frente del Poder Judicial tamaulipeco.
Presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas marca un precedente histórico
Con esta resolución firme, no existe ya ningún impedimento legal para que Tania Contreras rinda protesta el próximo 1 de octubre y asuma como presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas. Convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar ese cargo mediante el voto directo de la ciudadanía.
Este hecho histórico marca el cierre de un capítulo de controversias judiciales infundadas. Abre el camino para una nueva etapa en la vida institucional del Poder Judicial. Con una visión de justicia cercana, moderna y orientada a la transformación.
La magistrada electa agradece a las instituciones que, con imparcialidad y apego al derecho, han garantizado la certeza jurídica del proceso. Pero, sobre todo, agradece a la ciudadanía por su confianza y respaldo en las urnas.
La resolución de la Sala Superior reafirma que la ley y las instituciones prevalecen sobre cualquier intento de desinformación o uso político de los mecanismos judiciales.
Concluido este proceso, se confirma el mandato ciudadano y se consolida la voluntad democrática expresada en las urnas.
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