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Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, solicitó a una Corte de Apelaciones de Nueva York un plazo adicional de 90 días para presentar sus argumentos contra la condena de 38 años de prisión que enfrenta por su vinculación con el Cártel de Sinaloa.
Dicha solicitud se debe —a las severas condiciones de aislamiento— que vive en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. Y, a esto, sumando las limitadas oportunidades de comunicación con sus abogados. Quienes solo han podido hablar con él por teléfono durante tres horas en los últimos ocho meses.
Sus abogados, César de Castro y Valerie Gottlieb, expusieron en cartas presentadas a la Corte el 1 y 18 de agosto. Que García Luna perdió 14.5 kilos de peso y estuvo privado de condiciones básicas de higiene y bienestar durante su estadía en la prisión de Lee, Virginia, antes de ser trasladado a Colorado.
“Nuestro cliente estuvo recluido en la unidad especial reservada para quienes violan las reglas de la prisión, pese a que nunca ha recibido una sola infracción disciplinaria, y sólo se le entregó un juego de ropa interior”, señalaron.
A pesar de que las condiciones en Florence —han mejorado “drásticamente”. Los abogados solo pudieron comunicarse con García Luna por teléfono hasta el 31 de julio—, más de un mes después de su traslado y seis meses después de la última llamada, realizada el 28 de enero.
“La falta de acceso a nuestro cliente ha creado una dificultad innecesaria y extrema, que ha bloqueado nuestra capacidad de completar nuestros argumentos iniciales. Necesitamos tiempo adicional para completar dichos argumentos. El caso es extremadamente complejo e involucra registros muy amplios. La transcripción del juicio es de 2 mil 43 páginas”, explicaron los defensores.
García Luna solicita plazo adicional para presentar apelación; piden 90 días
A sus 57 años, García Luna no tiene acceso a computadoras o dispositivos electrónicos, y tiene un espacio muy limitado para almacenar documentos. La defensa busca que el plazo para presentar sus argumentos iniciales, originalmente fijado para el 19 de septiembre, se extienda hasta el 18 de diciembre. La Fiscalía no se opone a la solicitud. Por ello, ha tenido que intervenir para que el Buró Federal de Prisiones (BFP) permita las comunicaciones con el exfuncionario.
En una carta presentada el lunes, la defensa también denunció que dos llamadas programadas para agosto fueron canceladas sin explicación alguna por el BFP.
Este proceso de apelación, que tiene pocas probabilidades de éxito, se alargará varios meses más. Ya que las Cortes de Apelaciones que resuelven estos casos con un panel de tres jueces pueden tardar más de un año en emitir una sentencia. Todo ello, después de escuchar los argumentos de las partes.
