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Una jueza federal ordenó restituir la patria potestad de una menor a su madre, Gabriela Salazar Bujanos, después de que denunciara violencia por parte de Alejandro Ávila Limas, padre de la niña.
La resolución fue emitida por la jueza Nora Victoria Bonilla Marín. La cual, concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por Salazar Bujanos. Además, instruyó a la jueza Roxana Ibarra Canul, del Juzgado Tercero de lo Familiar, a ejecutar la entrega inmediata de la menor bajo un protocolo libre de violencia.
A su vez, el fallo establece que la integridad física, psicológica y moral de la niña debe garantizarse durante el proceso. La notificación también llegó al padre y a los sistemas DIF de Tampico y Ciudad Madero para coordinar el procedimiento.
Por ello, la jueza Bonilla Marín —subrayó— que las autoridades están obligadas a prevenir daños a niñas, niños y adolescentes, y recordó que los jueces cuentan con facultades para aplicar medidas compatibles con el interés superior de la infancia.
Jueza federal ordena entrega de patria potestad de su hija a Gabriela Salazar
Dicho caso tomó relevancia desde el 29 de agosto de 2025. Cuando Ávila ingresó con personal judicial y policías a un domicilio de la familia Salazar Bujanos para llevarse a la menor sin la supervisión del DIF, confirmó la delegada de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Antonia de Jesús Cuervo Torres.
Ese mismo día, la jueza Roxana Ibarra Canul otorgó la custodia a Ávila, argumentando que Gabriela Salazar no asistió a las audiencias.
El abogado de la madre, Néstor Luna, cuestionó la actuación judicial al señalar:
“Aquí están queriéndose llevar a una niña ilegalmente. Esta resolución es inexistente e ilegal”.
De acuerdo con la defensa,actuario Marco Antonio Hernández Paulin —acompañado de policías y civiles—. Lo que violó derechos humanos y el principio del interés superior de la infancia.
Con la resolución federal, Gabriela Salazar Bujanos recupera la patria potestad de su hija, bajo acompañamiento psicológico y con protocolos de protección para la menor.
Por Rufino Aguilera
