A dos semanas del violento secuestro de la hija de Gabriela Salazar. Colectivos feministas y defensores de derechos humanos exigen la restitución inmediata de la menor y castigos para quienes fueron responsables de este acto. El cual consideran una grave violación a los derechos humanos y un ejemplo claro de violencia vicaria en Altamira.
El 29 de agosto de 2025, Alejandro Ávila Limas, señalado como el agresor, irrumpió violentamente en el hogar donde Gabriela y su hija vivían desde hacía más de un año y medio. Junto a un actuario, agentes de la Guardia Estatal, dos abogados y otros hombres, ejecutaron el ataque con violencia. Todo ello bajo una orden emitida por la jueza Roxana Ibarra Canul. Actualmente, están investigando la jueza.
Violencia vicaria en Altamira: colectivos demandan la restitución inmediata de la menor y sanción a los responsables
En pleno operativo, los testigos y las denuncias afirman que los agresores arrancaron a empujones y gritos a la menor de los brazos de su madre. Este procedimiento es ilegal, con violencia y contrario al bienestar de la niña. Así lo califican los colectivos.
Aunque algunas instituciones reconocieron las irregularidades en la custodia otorgada al agresor, las autoridades aún no entregan a la niña a su madre. Donde su seguridad y bienestar estarían garantizados. Pero Gabriela Salazar no ha dejado de luchar por la justicia, pidiendo la devolución inmediata de su hija.
Exigir la restitución inmediata de la menor al entorno seguro de su madre y familia materna. Sancionar ejemplarmente a la jueza Roxana Ibarra Canul y a todos los involucrados en este acto violento. Además, de reconocer la violencia vicaria en Altamira, como una grave forma de violencia de género que sigue ocurriendo con impunidad en México. Así realizan las demandas de los colectivos.
“Si la justicia hubiera sido tan rápida y eficaz como lo fue para entregarle la custodia a un agresor, hoy Gabriela estaría en su casa con su hija, sanando en paz”, dijeron las colectivas en un comunicado.
Al Poder Judicial se hace un llamado, para que reevalúe sus prácticas en relación con la custodia y protección de menores. Garantizando siempre el interés superior de la niñez. No permitirán que este caso quede impune y seguirán luchando hasta conseguir justicia para Gabriela y su hija. Así lo han dejado claro las colectivas.
Por Rufino Aguilera