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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, respondió a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. El organismo aseguró que no encubre a ninguna autoridad y tampoco manipula datos sobre desapariciones.
“No se tiene ninguna agenda para ocultar o maquillar cifras; se actúa con transparencia, honestidad y ética de servicio público”, afirmó.
Mediante un comunicado, la CNDH —cuestionó— directamente al CED, señalando que su postura no representa la visión de toda la comunidad internacional.
“Su opinión no representa lo que pueda opinar la comunidad internacional, y puede ser sujeta a debate y a contrargumentos”, expresó.
El organismo lamentó que algunos discursos pretendan instalar la idea de que tanto instancias de gobierno como organismos autónomos son omisos frente a la desaparición forzada.
“Tenemos claro que existe mucho trabajo por hacer, y lo estamos y seguiremos haciendo de la mano de las víctimas, nos llama la atención lo que parece ser un esfuerzo concertado desde algunos espacios mediáticos y de opinión para generar una visión acotada y políticamente interesada sobre las causas de las desapariciones”, refirió.
CNDH responde a señalamientos de la ONU; defiende su transparencia
La CNDH también destacó que organizaciones civiles, colectivos de búsqueda, académicos y activistas enviaron al CED un informe paralelo. En este documento pidieron “la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento que ayude al Estado mexicano a determinar las causas de las desapariciones, a establecer un programa nacional de prevención, a procesar debidamente a los responsables, reparar a las víctimas y buscar a las personas desaparecidas e identificar los cuerpos y fragmentos acumulados en los servicios forenses del país”.
Sobre esa solicitud, la Comisión señaló que ignora el entramado jurídico e institucional ya existente en México, que en los últimos años se ha fortalecido para atender a las familias y prevenir desapariciones.
“Se trabaja en enfoques integrales que consideren las múltiples dimensiones, causas y consecuencias de las desapariciones. El sugerir que una instancia extranjera se debe encargar de tareas como el procesamiento de personas responsables, atenta contra la soberanía misma del pueblo de México y se aleja de cualquier forma de solución estructural a los problemas que en efecto nos aquejan, pero que estamos atendiendo”, añadió.
