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Buscando proteger la reputación de las personas en internet, el diputado Adrián Cruz Martínez sometió al Congreso local una iniciativa para adicionar el artículo 390 Quáter. Dicha iniciativa sobre los derechos digitales en Tamaulipas está centrada en sancionar insultos y difamaciones en plataformas digitales.
Lo que esperan es crear un marco legal que sancione las ofensas o calumnias difundidas en plataformas digitales, sin afectar el derecho a la libre expresión.
En el caso de aprobarse, los responsables podrían enfrentar trabajo comunitario y multas proporcionales al daño causado.
“No se trata de censurar ni limitar la libre opinión, sino de poner un alto a las agresiones que lastiman la dignidad y el principio de inocencia de las personas en el entorno digital”.
Durante su exposición ante el pleno, Cruz Martínez señaló que la violencia digital puede provocar daños psicológicos y emocionales graves. Lo que afecta la vida privada y la imagen de quienes la padecen, sobre todo mujeres y niñas.
Derechos digitales en Tamaulipas: propuesta para frenar ciberacoso
Según datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI 2019, del total de usuarios de internet, el 36.4 % de las mujeres entre 20 y 29 años ha sido víctima de ciberacoso, frente al 27.2 % de los hombres. Además, el 73.6 % de las mujeres agredidas conocía a su acosador y 9.4 millones mayores de 12 años han sufrido violencia en línea.
Organismos internacionales como la ONU y la UNESCO han advertido sobre el impacto de la violencia digital en los derechos humanos y la libertad de las mujeres. Datos de la UNESCO muestran que el 73 % de las periodistas en el mundo han enfrentado violencia en internet, motivo por el cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recomendó sancionar discursos dañinos en línea en 2021.
El legislador recordó que Tamaulipas ya ha avanzado con la Ley Olimpia en 2020 y la inclusión del artículo 390 Ter. La misma penaliza la difusión no consentida de contenido íntimo y el ciberacoso. Sin embargo, aún no existen sanciones específicas para insultos o difamación, dejando a muchas víctimas sin protección legal.
Actualmente, quienes sufren ataques a su reputación deben acudir a la vía civil, un proceso largo y costoso.
“Este vacío legal genera impunidad y deja indefensas a personas, empresas e instituciones ante ataques que destruyen su credibilidad”.
Por su parte, Cruz Martínez destacó que la iniciativa busca un balance entre la libertad de expresión y el respeto al honor. Así, en línea con los artículos 6° y 7° de la Constitución, protegiendo la libre manifestación de ideas sin permitir agresiones.
“La crítica legítima no debe confundirse con la agresión ni la libertad con el daño”.
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