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Aclaró Claudia Sheinbaum que no existen indicios de que el rescate de 28 menores en altamar esté relacionado con el crimen organizado.
Estos jóvenes, en su mayoría originarios de Chiapas, viajaban en una embarcación procedente del sur del país y presuntamente se dirigían a trabajar como jornaleros.
La mandataria explicó que las autoridades ya detuvieron a un adulto que viajaba con ellos y se revisa si existió un esquema de explotación infantil.
“La mayoría de ellos son, parece, de Chiapas. Lo que dicen es que iban a trabajar, pero no son mayores de edad y se está haciendo la investigación. Está detenido el adulto que los acompañaba y se está revisando si hay un modelo de explotación infantil que deba investigarse con mayor profundidad”, explicó.
Investigarán posible explotación laboral de menores en altamar; Sheinbaum habla del tema
Señaló que, de acuerdo con los reportes preliminares del gabinete de seguridad, el caso está relacionado con actividades agrícolas y no con grupos delictivos.
“No, no tiene nada que ver con el crimen. Es laboral. Por lo menos, a menos que hubiera algo que se defina en los próximos días, lo que informaron hoy es que son niños y adolescentes de Chiapas que iban a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur o Norte. Pero el esquema en el que están siendo contratados debe investigarse para ver si constituye delitos mayores”.
Sobre el propietario de la embarcación, indicó que todavía no se cuenta con información precisa, aunque las indagatorias continúan.
La Fiscalía de Sinaloa informó ayer que la Secretaría de Marina rescató a los menores en altamar, quienes presuntamente fueron reclutados para trabajar en labores agrícolas. La Marina detalló que los jóvenes llegaron por sus propios medios al puerto de La Paz, Baja California Sur.
“En un operativo de rescate realizado por la Secretaría de Marina, fueron auxiliadas 28 personas –27 de entre 14 y 17 años y una de 18 años– que se encontraban en una embarcación en altamar”, apunta el comunicado difundido por autoridades estatales.
Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar si existió explotación laboral y deslindar responsabilidades.
