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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma que eleva las penas hasta 42 años de prisión para quienes cometan este delito. La votación cerró con 450 sufragios a favor de todas las bancadas.
La propuesta volvió desde el Senado con ajustes. Luego de que la Cámara Alta modificó un cambio impulsado previamente por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, que reducía las penas para servidores públicos señalados por encubrir casos de extorsión.
Durante la discusión, Monreal defendió que la reserva aprobada inicialmente en San Lázaro seguía siendo válida para él. Aunque adelantó que aceptaría los cambios del Senado e hizo un llamado a evitar posturas punitivas.
“En un sistema bicamaral, revisar los actos de la colegisladora debería ser algo normal, y no tendría ni por qué ofender, ni por qué incomodar a ningún legislador. Las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra, y yo acepto la parte que me corresponde porque lo debatí esa noche y lo hice con pasión con lo que yo considero mi verdad. Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista”, sentenció.
La reforma establece que la extorsión se perseguirá de oficio y fija una pena base de 15 a 25 años de prisión, además de multas que van de 300 a 500 UMA.
El decreto también contempla 34 agravantes que pueden elevar la condena hasta 42 años. Entre ellas se incluyen el cobro de piso, actos contra migrantes o menores de edad, y los llamados “montachoques”, donde provocan accidentes de tránsito con intención delictiva.
Diputados avalan Ley contra Extorsión con penas de hasta 42 años
Durante el debate, legisladores de distintos partidos fijaron postura. El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Samperio, destacó que esta ley marca un avance significativo en la lucha institucional contra este delito.
“Por primera vez se establece un tipo penal de extorsión a nivel federal, y se establecen las formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno, cerrándole el paso a los delincuentes de manera institucional”.
Por su parte, el diputado priista Emilio Suárez Licona reconoció que el Senado amplió penas y agravantes, pero afirmó que aún faltan ajustes importantes.
“No atendieron nuestros argumentos y planteamientos. Cambiaron de seis a quince años para quedar entre quince y veinticinco años de prisión a quien cometa el delito de extorsión y tal como lo dijimos aquí, era necesario agravar las penas de los servidores públicos que faciliten la comisión del delito y aquellos que omitan denunciar la ocurrencia del mismo”.
Con esta reforma, la Cámara de Diputados busca cerrar filas para combatir una de las prácticas criminales más extendidas en el país. De este modo, fortaleciendo las sanciones y mejorando la coordinación entre instituciones.
