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La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Aguas, a pesar de la caravana de agricultores que, con tractores, rodeó el Palacio Legislativo de San Lázaro y de la petición de la Oposición para frenar la discusión. Morena y sus aliados avalaron el proyecto que modifica el régimen de concesiones, asignaciones, explotación y distribución del agua en el país.
La reforma —que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley Nacional de Aguas— avanzó con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. En medio de acusaciones, reclamos y señalamientos por lo que legisladores opositores calificaron como un “madruguete”.
El nuevo marco legal elimina la transmisión libre de derechos. Pero introduce la figura de “Reasignación de Volúmenes” cuando exista transmisión de dominio en propiedades vinculadas a un título de concesión. Estas reasignaciones deberán ser autorizadas por el Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Encabezado por el titular de Conagua e integrado por varias secretarías federales.
Entre las facultades ampliadas para la Comisión Nacional del Agua se encuentra la emisión de “medidas necesarias” para atender emergencias, escasez, sobreexplotación o garantizar la seguridad hídrica. También se redefine el uso agrícola y pecuario y se introduce el concepto de “uso agropecuario familiar”. Por otra parte, también se amplía el periodo para solicitar prórrogas de concesión de uno a dos años antes de su vencimiento.
Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley de Aguas
La reforma incorpora nuevos “delitos contra las aguas nacionales”, como el traslado doloso de agua o la alteración y desvío de cauces. También contempla sanciones más altas, aunque exceptúa a quienes realicen actividades de uso personal, doméstico o agropecuario familiar.
El priista Humberto Ambriz advirtió que los cambios generan inseguridad jurídica al prohibir la transmisión libre de derechos de agua. Según su postura, la reforma deja las concesiones sujetas a la autorización discrecional de la autoridad, incluso en casos de venta, renta o herencia de tierras.
“Esto implica que la parcela quedará dividida: la tierra por un lado y el agua por el otro”, afirmó.
El legislador añadió que la reforma centraliza el otorgamiento y reasignación del agua en una autoridad federal con amplias facultades, desplaza a los organismos de cuenca y condiciona prórrogas a criterios fiscales. Además de incrementar multas e introducir delitos hídricos.
“La reforma pretende condicionar prórrogas y reasignaciones al cumplimiento fiscal y a los criterios de responsabilidad hídrica sin parámetros claros, lo que abre la puerta a usar el agua como un instrumento de control político y recaudatorio”, sostuvo.
El panista Paulo Gonzalo Martínez señaló que el proyecto es riesgoso porque incorpora más de 90 cambios de última hora sin resolver los problemas estructurales. Aseguró que se busca concentrar en la Federación la administración del agua a través del fondo de reserva. Esto, sin que Conagua tenga la capacidad técnica u operativa para soportar esa carga.
¿Incertidumbre en los productores?
El diputado agregó que los productores quedarán en incertidumbre. Ya que la reforma no garantiza la transmisión del derecho de agua, complica la reposición de pozos e incorpora sanciones penales que afectan directamente al campo.
Annia Sarahí Gómez, también del PAN, afirmó que la reforma criminaliza al campesino y empodera al burócrata. Cuestionó que mientras agricultores enfrentan pozos secos. La familia de la morenista Olga Sánchez Cordero acumula más de 2.6 millones de metros cúbicos al año en Nuevo León.
“En esas listas que tanto han mencionado, mencionan los nombres de quienes sí son ganaderos o agricultores, la ex Ministra de Corte, Olga Sánchez Cordero es notaria, ¿para qué quiere una concesión de 2.6 millones de metros cúbicos al año? Si van a señalar a otros véanse primero ustedes mismos”, dijo.
En respuesta, el morenista Gabriel García exhibió carteles del llamado “cártel del agua”. En donde acusó al exgobernador César Duarte y al expresidente Vicente Fox de acaparar grandes volúmenes de agua.
“Esto es lo que está llegando a su fin y eso es lo que están llorando, lo que están bramando, porque vamos por más, porque se trata de que esta nueva Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley general de Aguas va a regresar, va a reivindicar el derecho humano al agua y, ahora, va a ser verdaderamente un patrimonio nacional”, afirmó.
García sostuvo que la reforma reconoce los 80 mil sistemas comunitarios de agua, las actividades agrícolas y pecuarias de sustento familiar y protege los derechos de la pequeña propiedad.
“A los muy respetables, a los que nos dan de comer, a los productores del campo les decimos: todos sus derechos de la pequeña propiedad, del ejido están garantizados y blindados. Si no es por voluntad de ellos y ellas, no se toca su agua, pero habrá patriotas en su mayoría que van a establecer sistemas de ahorro de agua para que se destine a la gran reserva nacional para el futuro de las nuevas generaciones”, afirmó.
