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La Cámara de Diputados aprobó en lo general cambios a la Ley General de Salud que prohíben la fabricación, comercialización y uso de vapeadores, además de eliminar la obligación de destinar al menos el 8 por ciento del Fondo de Salud para el Bienestar a la atención de enfermedades graves en personas sin seguridad social.
Las reformas avanzaron con 324 votos a favor y 129 en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el diputado Julio Scherer Pareyón. De acuerdo con el dictamen, se prevén sanciones de hasta ocho años de prisión para quienes produzcan, almacenen, transporten o vendan dispositivos electrónicos para fumar y sistemas similares.
Además, se elimina la reserva que aseguraba que parte del presupuesto del IMSS-Bienestar se enfocara en enfermedades de alto costo, como el cáncer o el VIH.
—Durante el debate—, legisladores de Oposición insistieron en que estas medidas criminalizan a los consumidores; fortaleciendo el mercado ilegal controlado por grupos criminales.
La diputada Iraís Reyes calificó las reformas como desproporcionadas al compararlas con penas aplicadas a otros delitos.
“¿En qué mundo vapear es más peligrosos que golpear, lastimar humillar portar armas o drogas? En este, en el México del prohibicionismo, en el México que hoy están construyendo () hoy está reforma castiga por miedo, por moralismo y por incapacidad para gobernar con inteligencia”, afirmó.
Reyes advirtió que la reforma beneficia indirectamente al crimen organizado al permitirle ampliar su dominio sobre productos ilegales.
“Más prohibiciones es igual a más mercado negro y más dinero para los carteles. Hoy está ley suena a salud pero huele a otra cosa parece escrita cabildeada y diseñada para que el crimen organizado siga creciendo y lucrando. Esto no es salud pública, esto es un regalo del Gobierno envuelto para el crimen organizado. Feliz navidad al crimen organizado de parte de morena y sus aliados”, dijo mientras mostraba una caja de regalo.
Desde el PRI, Ana Isabel González alertó que incluso quienes adquieran vapeadores. A su vez, podrían enfrentar penas de uno a ocho años de cárcel, además de multas elevadas.
“Lo que vienen a presentar el día de hoy es prohibir completamente. Ya no estoy hablando de venta, estoy hablando de consumo y de conservación, tal y como lo dice hasta este momento el dictamen. Nosotros estamos en contra, totalmente en contra de que se le venga a jugar de nueva cuenta el dedo a la boca a las y los mexicanos, pensando que es algo de salud y que realmente los va a perjudica”, expresó.
La legisladora también aseguró que la reforma no fortalece al sistema de salud:
“Si hablamos de cuestión salud, entonces metámosle billete, metámosle presupuesto a salud y realmente llevemos a los hogares de las y los mexicanos medicinas, vacunas, lo necesario para que en materia de salud estemos bien, porque esta reforma no beneficia la salud”, demandó.
Diputados avalan en lo general reformas sobre vapeadores
Por el PAN, Ector Jaime Ramírez Barba criticó los cambios al Fondo de Salud para el Bienestar, al considerar que abren la puerta a decisiones discrecionales sobre recursos destinados a enfermedades de alto costo.
“Quieren destruir y hacerse de la bolsa completa del Fonsabi, un fondo que en los últimos ocho años, claramente fue saqueado por el Gobierno de Morena, llevándose el dinero para otros lugares y no para la atención de los niños con cáncer, con padecimientos vasculares, con enfermedades raras, ha terminado convertido en un foro discrecional”, cuestionó.
Desde la mayoría, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, defendió la reforma y sostuvo que los vacíos regulatorios han permitido el crecimiento de productos dirigidos a jóvenes con estrategias engañosas.
“Los vapeadores han explotado vacíos regulatorios y asimetrías de información, porque han dirigido con estrategias comerciales a niñas y niños y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa, que sugiere inocuidad, porque la falta de autorización sanitaria y la venta por canales informales impiden trazabilidad y elevan riesgos graves para la salud.
Además, dijo:
“La sanción será proporcional, de 1 a 8 años de prisión y multas entre 11 mil y 226 mil pesos para quienes lucren con estos productos, pero, el manejo es claro, la salud de nuestra juventud no está en venta”.
Sobre el Fonsabi, confirmó que se eliminan los porcentajes establecidos previamente para el uso del 11 por ciento de los recursos, con el propósito de flexibilizar su asignación.
“Se eliminan los porcentajes previamente establecidos para la distribución del 11 % de los recursos asignados al fondo. Se otorga al Comité Técnico del Fondo de Salud para el Bienestar la facultad definir criterios de asignación de recursos con mayor capacidad de respuesta ante emergencias y prioridades cambiantes”, expresó.
Aunque el debate se centró en los vapeadores. A su vez, surgieron menciones a otros temas políticos y casos judiciales. Lo que generó reclamos de diputadas y diputados que pidieron mantener la discusión en el tema de salud pública.
Finalmente, legisladores de PAN y PRI exigieron que se modifique el dictamen para evitar que consumidores sean criminalizados. Pues consideran que la redacción actual permite interpretaciones que podrían derivar en abusos.
El coordinador priista, Rubén Moreira, pidió a la mayoría repensar el alcance de las sanciones.
“Yo le pediría a la mayoría que haga un receso, que reflexione el tipo penal que está ahí, porque a lo mejor no es lo que ustedes quieren, pero es lo que se va a interpretar. Y esas interpretaciones en ministerios públicos, en policías que capturen a un muchacho y le encuentran un vapeador, claro que se lo van a encuadrar cuando menos para la extorsión, cuando menos para quitarle una lanita.
Añadiendo, que:
“Tengan cuidado con lo que van a votar, mucho cuidado, porque es peligroso. Y yo me imagino que no es lo que ustedes quieren votar, pero es lo que está ahí escrito”.
