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El Ayuntamiento de Tampico inició un procedimiento administrativo ante la Contraloría Municipal en contra de Carlos De la Rosa Durán. Quien fuera secretario de Desarrollo Urbano, debido a posibles irregularidades en la expedición de licencias de uso de suelo permisos a comercios ubicados en áreas residenciales en Tampico. El exfuncionario podrá ejercer su derecho de réplica para presentar su versión de los hechos. La acción surge después de que vecinos de 10 colonias realizaran protestas por establecimientos que, aseguran, contravienen el Plan de Ordenamiento Territorial.
Varios de estos negocios no son recientes. Pues llevan entre cinco y ocho años en funcionamiento, lo que indica que su autorización ocurrió en administraciones anteriores. Así lo aclaro Rogelio Ontiveros Arredondo, secretario actual de Obras Públicas. Se cuenta con 16 expedientes relacionados con licencias presuntamente mal otorgadas en la gestión pasada. Así lo detallo el funcionario.
“Hay un proceso en curso en la Contraloría; estamos en etapa de sustanciación y se está otorgando el derecho de réplica al funcionario anterior”
Vecinos de Tampico exigen aclarar licencias y permisos relacionados con uso de suelo
En administraciones anteriores las áreas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas operaban de manera separada. Así lo recordó Ontiveros. Actualmente, la administración ha iniciado más de 50 procedimientos vinculados con uso de suelo y construcción. Algunos desarrolladores solicitan permisos para un tipo de proyecto, pero terminan realizando obras distintas, lo que obliga al municipio a mantener una supervisión constante.
“Jugamos al gato y al ratón con ciudadanos o desarrolladores irresponsables. No hemos entregado ninguna licencia o uso de suelo mal otorgado”
El secretario añadió que cuando se detectan irregularidades en licencias o construcciones, los responsables recurren frecuentemente al amparo.
“Tenemos varios amparos de ciudadanos que construyeron con densidades o niveles no autorizados; procedimos a la clausura y se ampararon”
También se han identificado fraccionamientos que, aunque no son privados, funcionan como tales y restringen el acceso, así como fraccionamientos públicos cuyos residentes exigen servicios que legalmente no les corresponden. Ontiveros subrayó que la administración reforzará la vigilancia en corredores urbanos de uso mixto, los cuales desde hace años presentan afectaciones por actividades comerciales no reguladas.
Por Rufino Aguilera
