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Reforma sancionará a funcionarios por participar en sindicatos. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, promulgó una reforma legal la cual prohíbe de forma expresa la intervención de servidores públicos en la vida interna de los sindicatos al servicio del Estado.
Con ello, la ley considerará cualquier intento de un servidor público para influir en decisiones sindicales como una falta administrativa. La cual podrá sancionar conforme a la ley nacional.
Reforma fija límites claros a funcionarios frente a sindicatos públicos
El decreto, publicado tras su aprobación en el Congreso nacional, modifica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El principal objetivo es poder fortalecer la autonomía sindical y evitar presiones, controles o influencias desde el poder público. En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se incorporó el artículo 69 Bis, que establece de manera clara la nueva prohibición:
“Se prohíbe a las personas servidoras públicas intervenir, influir, presionar o participar de cualquier forma en la organización, funcionamiento, administración, decisiones internas o procesos de elección de los sindicatos”
Asimismo, la reforma de ley apunta a erradicar prácticas de injerencia gubernamental que, durante décadas, formaron parte de mecanismos de control político, especialmente en la definición de dirigencias, el manejo de recursos y la orientación de decisiones internas. El propio texto legal advierte sobre las consecuencias para quienes incumplan esta disposición:
“Las personas servidoras públicas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo incurrirán en responsabilidad administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”
De manera paralela, el decreto adiciona el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con el fin de poder tipificar de forma específica cualquier intromisión en asuntos sindicales como una falta administrativa.
“Constituye falta administrativa intervenir indebidamente en la vida interna de los sindicatos, ya sea de manera directa o indirecta, con el propósito de influir en sus decisiones, procesos o representación”
Además, las modificaciones aplican a personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, sin importar jerarquía o función. Las sanciones previstas para quien incumpla el dictamen van desde amonestaciones hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la conducta.
