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El Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene definido el documento que entregará el próximo 12 de enero a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Será un compendio de 240 propuestas que lograron mayoría entre las consejerías.
Este insumo no se presentará ante el Consejo General. Solo incluye las ideas que obtuvieron mayoría simple en una votación electrónica. Las opciones fueron: A favor, A favor con observaciones y En contra.
Entre los puntos con mayor coincidencia destacan tres ejes: modificar el modelo de comunicación política, simplificar el voto de mexicanos en el extranjero e incorporar tecnología en los procesos electorales.
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Reforma Electoral toma forma con el nuevo paquete de propuestas del INE
Una de las propuestas sobre comunicación partidista y redes sociales fue presentada por el consejero Martín Faz. Plantea que el Estado mexicano tenga herramientas para exigir el cumplimiento de las normas electorales a empresas digitales.
“Se considera necesario establecer una medida legislativa similar que involucre a las autoridades competentes del Estado mexicano y, en consecuencia, se propone establecer, a las personas físicas o morales propietarias u operadoras de una plataforma digital, la obligación de establecer una oficina en territorio nacional, a efecto de que puedan recibir requerimientos y notificaciones de las autoridades electorales”, propuso.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey planteó ampliar los espacios en radio y televisión de 48 a 60 minutos. La propuesta considera 12 minutos para candidaturas y bloques por autoridades electas por día.
Otra coincidencia importante es no empatar la elección del Poder Judicial con la renovación del Congreso ni con comicios locales. También se busca simplificar trámites para mexicanos en el extranjero, ampliar mecanismos de participación y reducir barreras administrativas.
En materia de fiscalización, no existe una propuesta única. Sin embargo, hay acuerdo en hacerla más eficiente, ajustar formatos y procesos, sin relajar los controles.
“Que el INE pueda fiscalizar propaganda, contratación de servicios y gasto realizado a través de plataformas digitales, redes sociales y servicios tecnológicos, nacionales o extranjeros, y requerir información directamente a quienes presten dichos servicios”, propone la consejera Carla Humphrey.
