Ciudad de México/Redacción:
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que detectó que una empresa de familiares del ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue beneficiada con licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Cabe señalar que en ese entonces la dependencia era dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, entre los años 2013 y 2015, justo cuando él se desempeñaba en la PGR, por lo que se habría configurado el delito de tráfico de influencias y lavado de dinero.
De acuerdo con lo relatado, “en esas condiciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis)”.
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Ello, “debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
Además, a través de una tarjeta informativa, la unidad que dirige Pablo Gómez detalló que tras un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente y mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, se pudo detectar que la empresa ligada al ex Procurador obtuvo contratos con la entonces SCT.
Por tal motivo, la UIF concluyó que dichas licitaciones se habrían dado como un intercambio de favores entre funcionarios, pues el secretario de Murillo Karam era el hijo de Gerardo Ruiz Esparza, quien en dicho periodo era el titular de la SCT.
La UIF también agregó que “en ese sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
Finalmente, vale recordar que el ex funcionario de Peña Nieto se encuentra enfrentando imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Agencias/Vox Populi Noticias
