Lima, Perú / Redacción:
Un Tribunal de Perú ratificó la prisión preventiva de 18 meses para el destituido Presidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en una prisión policial, luego de su fallido intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra ex Presidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado”, informo a través de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial.
Cabe recordar que la orden de prisión para el ex mandatario ya había sido dada por un Tribunal el pasado 15 de diciembre, sin embargo, su defensa pidió que fuera revocada, por considerarla injusta.
“Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión”, expresó Castillo, durante una audiencia virtual celebrada el miércoles.
“Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó.
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Además, dijo estar incomunicado y pidió al Juez que se le otorgue acceso a un teléfono para contactar con su esposa y dos hijos, que partieron asilados a México la semana pasada.
Castillo, maestro rural y líder sindical izquierdista, fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas, según la Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El político de 53 años de edad, está recluido en el penal Barbadillo, al interior del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital.
Es investigado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
La detención ocurrió horas después de su destitución, cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Posteriormente, asumió el Gobierno su Vicepresidenta, Dina Boluarte.
Tras la caída de Castillo, se registraron violentas protestas que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones al 2023.
Finalmente, en un intento de mitigar la crisis, el Congreso peruano aprobó hace una semana pasar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
Agencia / Vox Populi Noticia.






















