Reynosa, Tamaulipas / Yenni García Escobar.-
En reunión con las mesas de seguridad y justicia nacional, regional y local, en coordinación con COPARMEX Reynosa, anunciaron los trabajos efectuados para llegar a una reforma legal donde se castigue severamente a quien sea culpable del delito de extorsión.
Jorge Peñúñuri Pantoja, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de COPARMEX Nacional, comentó que, a través de datos de los 68 centros empresariales donde pertenecen 37 mil compañías, tienen estrategias positivas en materia de seguridad.
En este caso en extorsión, puesto que, enero a abril del 2023, hay 3 mil 473 víctimas, un poco más de una por hora, comparado con el 2022, la cifra llegaba a los 11 mil 042, pero la realidad social bajo la cifra negra, es más, aunque sin registro, debido a la falta de la denuncia ciudadana.
“Trabajamos con la diputada Juanita Guerra Mena, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el departamento de Anti-secuestros y la Secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sobre legislar contra el delito de la extorsión”.
Se propone una iniciativa de reforma constitucional al artículo 73, fracción 21, donde el delito de extorsión sea tipificado y aplicado en estados y municipios, bajo una coordinación de investigación, persecución y sanción por la infracción y reparación de los daños a las víctimas.
Orlando Camacho, director general de México SOS y red nacional de mesas de seguridad en el país, aseguró que, hay un incremento del 30% en extorsión y va subiendo, por lo cual, deben frenar este delito y el cobro de piso en los estados con mayor incidencia CDMX, D.F., Michoacán y Baja California.
Valentina López, presidente de COPARMEX Reynosa, sostuvo que, los empresarios destinan el 30% de sus recursos a proteger a sus familias ante el problema de extorsión en el país.
José Calanda Montelongo, presidente de la mesa de seguridad y justicia en Tamaulipas, planteó que, las estrategias de seguridad pública harán que lleguen los índices ideales que merece el estado, reforzando la denuncia ciudadana y accionando los números de emergencia.
