Chihuahua, México/Redacción.-
La violencia se ha cobrado nuevas víctimas en Chihuahua, México, donde miembros de un grupo delictivo asesinaron a tiros a Eduardo Cruz Cruz y su padre Isidro Cruz Bustillos del Ejido Yerbabuena, municipio de Balleza. Este crimen se produjo con la presunta intención de evitar que ambos declararan sobre el asesinato de Gloria Cañez Chávez, una destacada activista de derechos humanos, y su hija Sally Avella Cañez.
Los móviles de ambos asesinatos están vinculados a la explotación forestal en el Ejido Yerbabuena, donde la autoridad agraria había emitido una resolución en medio de disputas de propiedad relacionadas con tierras maderables que involucran a las comunidades de San Carlos y Guajolotes.
Gabino Gómez Escárcega, representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, exigió una investigación completa de los homicidios de Gloria, Sally, Eduardo e Isidro, así como la persecución de los responsables y la garantía de protección para sus familias y los habitantes de la comunidad Yerbabuena.
El pasado 9 de septiembre, la activista Gloria Cañez Chávez, defensora de los derechos humanos de los indígenas, y su hija Sally Avella Cañez fueron asesinadas en una brecha en el municipio de Balleza, Chihuahua. Las pruebas indican que ambas víctimas recibieron más de 50 disparos de armas de fuego.
Este trágico suceso se suma a la historia de violencia en la región, ya que en 2013, el esposo de Gloria Cañez Chávez, Rubén Avella Molina, fue asesinado en la zona conocida como La Casita mientras se dirigía a Hidalgo del Parral.
Según el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, el homicidio aparentemente está relacionado con un conflicto forestal, ya que se había otorgado una autorización recientemente para la explotación de un predio cuya propiedad se disputaba. Las investigaciones sobre estos crímenes continúan en curso.
Gloria Cañez, de 63 años, luchó durante tres décadas junto a su familia por regularizar los títulos de tenencia de tierra del ejido “La Yerbabuena”, en beneficio de todos los pobladores. El testigo presencial del asesinato de la activista también fue asesinado, cuando se disponía, junto con su padre, a viajar a la ciudad capital para rendir su testimonio en el marco de la investigación del crimen.
Gabino Gómez Escárcega, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, solicitó a las autoridades estatales y federales medidas suficientes para garantizar la seguridad y el derecho de la comunidad a defender su territorio.
Cabe señalar que este último asesinato deberá ser investigado por la Fiscalía de Derechos Humanos. Sin embargo, en casos anteriores, como el del activista José Trinidad Baldenegro, defensor de la flora y fauna en el municipio de Guadalupe y Calvo, no se atrajo por esa oficina.
Agencias/Vox Populi Noticias
