Ciudad de México / Redacción.-
Cerca de 94 mil personas detenidas sin condena previa se han convertido en un segmento electoral significativo que podría influir en las elecciones presidenciales de 2024. Esta cifra supera la afiliación de algunos de los sindicatos más influyentes del país, como el de los trabajadores petroleros, ferrocarrileros, de la UNAM y del ISSSTE.
Entre los individuos que tendrán la oportunidad de ejercer su voto por primera vez se encuentran algunos acusados de delitos graves que aún están en medio de un proceso judicial, incluyendo figuras notorias como el narcotraficante Héctor El Güero Palma, el exalcalde de la Benito Juárez, Christian Von Roehrich, y el implicado en el caso Florence Cassez, Israel Vallarta.
Según estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta julio pasado había 93,928 presos que llevan su juicio dentro de una cárcel, con el 14 por ciento ubicado en Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) y el 86 por ciento restante en prisiones estatales.
Esta cantidad de votantes potenciales es mayor que la afiliación de sindicatos clave en el país, como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, y casi cuadruplica la afiliación del sindicato de la UNAM.
Para que las personas privadas de la libertad puedan votar, se llevará a cabo un procedimiento entre la SSPC y el INE, que incluirá la integración de los datos de los presos en la Lista Nominal y la notificación de su intención de votar a través de correo. Además, el INE implementará un modelo de voto anticipado entre el 6 y el 20 de mayo de 2024 en los centros penitenciarios adecuados.
A pesar de los desafíos que representa organizar elecciones en las prisiones, expertos en temas electorales confían en la capacidad del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esta misión de manera efectiva, aunque se muestran cautelosos en cuanto a la confidencialidad del voto.
Si todos los presos sin sentencia ejercen su voto en 2024, el INE deberá centrarse en entidades federativas con altas poblaciones en prisión preventiva, como el Estado de México, Jalisco, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Puebla, que en conjunto albergan a 43,723 personas sin sentencia, lo que representa el 45.4 por ciento del total a nivel nacional.
Agencias / Vox Populi Noticias
