Ciudad Victoria, Tamaulipas / Lupita Domínguez González.-
La Contraloría Estatal inhabilita a ocho exfuncionarios y continúa investigando a más de 80 del Gobierno de anterior debido a su incumplimiento en la presentación de la declaración final.
En una rueda de prensa, la contralora estatal, Norma Angélica Pedraza Melo, recordó que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado establece que los funcionarios o servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial de inicio, de conclusión y modificatoria, durante el tiempo que se desempeñen en el servicio público.
“Si hay procedimientos de investigación administrativa que se han abierto por el tema del incumplimiento en la presentación de las declaraciones patrimoniales”.
Precisó que hay investigaciones por haber omitido tanto la declaración de conclusión como la modificatoria.
Estimó que son aproximadamente 600 expedientes de investigación administrativa que se han abierto por este tema.
A este momento se llevan ocho personas inhabilitadas, porque es una obligación cumplir con la declaración y al haber un incumplimiento implica una sanción y está normado desde la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Refirió que hay alrededor de 90 a 100 procedimientos que ya están en conclusión y archivo, porque se inicia la investigación, pero en algún momento el servidor público en algún momento cumplió y de manera espontánea presento su declaración patrimonial y en ese momento se cierra el caso.
“Hay alrededor de 400 todavía activos, alrededor de 50 que están por notificarse la resolución y ocho personas inhabilitadas por este tema”, expuso.
Precisó que las inhabilitaciones varían de tres meses a un año en los cuales los exfuncionarios no podrán desempeñar ningún cargo en el servicio público (federal, estatal o municipal).
Destacó las dificultades que se han enfrentado al contrastar las declaraciones patrimoniales presentadas inicialmente con las declaraciones finales, debido a problemas como el incumplimiento de entrega y el uso de formatos incorrectos, entre otros factores.
Por otro lado, se identificó que más de 30 mil burócratas, principalmente del sector de Educación y Salud, no han cumplido con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses.
Al inicio de la actual administración, se registraron 31 mil servidores públicos cumpliendo con esta obligación, cifra que ha aumentado a 50,500. Aun así, se evidencia un incumplimiento por parte de 30 mil empleados públicos.
El plazo para cumplir con esta obligación es hasta mayo y se planea modificar los criterios de quienes deben presentar una declaración patrimonial total y quienes una simplificada, el cual ya no se basará en el nivel de ingresos.
Los jefes de departamento y aquellos que trabajen en áreas sensibles serán los responsables de presentar una declaración patrimonial total, mientras que el resto podrá presentar una versión simplificada.
Se estima que aproximadamente 2 mil funcionarios presentarán la declaración total y alrededor de 80 mil la declaración simplificada.
Pedraza Melo anunció que se implementará el sistema DeclaraNet en lugar de DeclaraTam, debido a que es más “amigable”. Además, se están tomando medidas para resolver las complicaciones técnicas que los servidores públicos experimentaron el año anterior, como la saturación o caída de la página.
