Un tribunal federal rechazó cancelar el proceso iniciado a una de las presuntas implicadas en los supuestos desvíos de 5 mil 112 millones de pesos en el sistema penitenciario federal durante la gestión de Genaro García Luna en la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El Tercer Tribunal Colegiado Penal de Toluca negó el amparo a Jannet Miriam Martínez Sánchez, ex directora de Adquisiciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), contra su vinculación a proceso.
En este asunto, se libraron órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna y 60 implicados más porque supuestamente el OADPRS asignó 10 contratos a la empresa Nunvav Inc., de la familia Weinberg, por 5 mil 112 millones 731 mil 37 pesos, convenios que presuntamente no se cumplieron.
A Martínez Sánchez le imputan en específico haber firmado el contrato OADPRS/DGA/S/029/2012 y dos convenios modificatorios para la prestación de los servicios integrales de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones del Complejo Penitenciario Federal Papantla.
El contrato fue suscrito por 171 millones de dólares, de los cuales se pagaron a Nunvav mil 71 millones 176 mil 75 pesos.
El 12 de junio de 2023 un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, vinculó a proceso a la ex funcionaria por los delitos de delincuencia organizada y peculado. Desde entonces está presa en el Penal Federal Femenil de Morelos.
Contra ese fallo, presentó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en la materia en el Estado de México, pero se lo negaron el 28 de agosto de 2023.
Enseguida impugnó la resolución, pero ahora el amparo le fue modificado y negado en forma unánime por el tribunal colegiado, con base un proyecto de sentencia del magistrado Ricardo Paredes Calderón.
“Fue correcto que (el juez de control) se sostuviera que, de la información que se allegó a la audiencia inicial y su continuación, se podía desprender que dado el cargo que ostentaba la recurrente, conocía la ilicitud de ese contrato y de los dos convenios modificatorios que firmó, al no ser ajena a la normatividad que le era aplicable y aun así decidió firmar esos actos jurídicos”, dice el fallo.
Según las autoridades, García Luna es socio de Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, los propietarios de Nunvav. Esta empresa, al recibir los pagos del OADPRS, habría triangulado parte del dinero a empresas en las que eran accionistas el ex mando policiaco y sus familiares.
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