Un juez federal negó el amparo al ex jefe de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez, contra el proceso que lo mantiene preso por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, supuesto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Rubén Darío Noguera Gregoire, juez Octavo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, negó la protección de la justicia al ex funcionario contra la vinculación a proceso que le dictaron el 1 de julio de 2023 por los delitos de tortura y desaparición forzada de persona.
De acuerdo con información judicial, el impartidor de justicia determinó que el procesamiento y la prisión preventiva justificada impuesta al ex funcionario por un plazo de hasta dos años, cumplen con todos los requisitos de legalidad y no violan ninguno de sus derechos fundamentales.
Además, Noguera validó que el ex mando de la SEIDO esté sujeto a procedimiento bajo las reglas del sistema acusatorio y también descartó que la prueba clave contra Ramírez, el video en el que presuntamente es torturado “El Cepillo”, fuera obtenido ilegalmente.
Este fallo no es definitivo porque el ex funcionario puede presentar un recurso de revisión, que eventualmente deberá resolver un tribunal colegiado de circuito.
Gualberto Ramírez fue aprehendido el 25 de junio del año pasado en Tecámac, Estado de México, y desde entonces permanece preso en el Reclusorio Sur de esta capital.
El juez de control Juan José Hernández Leyva lo vinculó a proceso por los delitos de tortura y desaparición forzada de persona, pero descartó iniciarle el procedimiento por coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
La Fiscalía General de la República atribuye a Ramírez haber estado presente en un interrogatorio llevado a cabo en enero de 2015 en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial, en la Calle de Moneda, en el que fue torturado “El Cepillo”, presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos.
La diligencia, cuestionada de ilegal, fue grabada en un video difundido el 13 de julio de 2020, y en el que organizaciones como la ONU-DH advirtieron posibles actos de tortura al presunto narcotraficante.
La FGR también le imputa a Ramírez el haber verificado el teléfono celular de “El Cepillo”, en particular su lista de contactos, sin una orden judicial.
El video del interrogatorio al presunto delincuente es una de las 56 videograbaciones que el Cisen entregó a la FGR, como parte de los registros de la investigación del Caso Ayotzinapa en el sexenio pasado.
En la audiencia en la que Ramírez fue procesado, su defensa alegó que ese video fue obtenido por la FGR 52 días antes de la existencia de una orden judicial para extraerlos de un disco, un requisito que es necesario para que una prueba sea legal en un juicio.
El argumento, sin embargo, no ha sido compartido por los dos jueces que hasta ahora han conocido el caso.
Ciudad de México
