Ciudad de México / Redacción. – Una juez federal negó esta madrugada la prisión domiciliaria a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, en el proceso que tiene abierto por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En una audiencia que inició ayer a las 11:00 horas y concluyó este miércoles a la 1:00 de la mañana, Raquel Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, le negó el beneficio por considerar que prevalece el riesgo de fuga y de que obstaculice la labor de los investigadores, informaron allegados al caso.
Preso desde hace casi una década en el Penal del Altiplano, el masculino pidió el cambio de medida cautelar en el juicio que tiene en curso por el delito de desaparición forzada en agravio de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Isidro Burgos’.
Guerreros Unidos es la organización que la noche del 26 de septiembre de 2014 recibió a los normalistas de Ayotzinapa y luego los desapareció.
Según documentos judiciales, el presunto líder de esta banda delictiva pidió que le autorizaran la prisión domiciliaria en una casa del Fraccionamiento Residencial ‘Las Candilejas’, en Metepec, Estado de México, donde aparentemente viven sus padres.
En su solicitud, el procesado ofreció como pruebas un comprobante domiciliario de dicho inmueble y una entrevista con uno de sus hijos, mientras que la Guardia Nacional entregó por solicitud de la juez una evaluación de riesgos que fue elaborada el pasado 22 de febrero con una entrevista a Casarrubias.
La Juez Duarte Cedillo en buena medida tomó su decisión con base en este análisis de la corporación federal, documento en el que estableció que la falta de arraigo y las penas altas que podrían imponerle son factores para suponer que puede darse a la fuga, en caso de que le concedieran la prisión domiciliaria.
Mismo que detenido el 15 de octubre del 2014, en el kilómetro 40 de la carretera México-Toluca, en el restaurante ‘Fogón Do Brasil’, en la zona de la Marquesa, Estado de México.
“Riesgo medio”
La Guardia Nacional estableció en su evaluación de riesgos que permitir que Sidronio Casarrubias Salgado lleve fuera de prisión su proceso, supone un riesgo medio y no alto para testigos, investigadores, víctimas o incluso para darse a la fuga.
El estudio aclara que sería muy fácil escapar de la justicia una vez que se encuentre en prisión domiciliaria, pero estima que el cambio de medida cautelar no implica el mismo riesgo para víctimas, testigos protegidos o funcionarios que lo indagan.
Por ejemplo, el documento refiere que sí existe la posibilidad de que se destruya, oculte, modifique o falsifique elementos de prueba; aunque afirma que es casi imposible que tenga acceso a imputados, testigos o peritos para que puedan influir o informen falsamente sobre el proceso.
El análisis también considera que existe el riesgo de que amenace, intimide u obstaculice la labor de los investigadores; también observa esta posibilidad para las víctimas, pero considera que eso es casi imposible para los testigos protegidos, porque están resguardados por la FGR.
Entre los pocos factores favorables que señala esta evaluación en favor de Casarrubias, está el no tener correctivos disciplinarios en reclusión.
Para elaborar este documento, la Guardia Nacional lo entrevistó.
“Esta autoridad evaluadora de riesgos procesales, derivado del Análisis Socio Ambiental, según los factores expuestos con anterioridad, advierte un nivel de riesgo medio”, dice el documento suscrito por el subagente José Luis Medina Manzanarez, supervisor de medidas cautelares y obligaciones procesales.
“(Casarrubias) refiere no contar con visa y cuenta con pasaporte que actualmente se encuentra vencido, cabe mencionar lo manifestado por el evaluado que trabajó 24 años en los Estados Unidos, sin estar legalmente ante la autoridad migratoria de ese país, jamás fue deportado, lo que para él, darle una medida cautelar distinta a la prisión preventiva sería objetivamente muy fácil sustraerse de la autoridad”.
El documento señala que Casarrubias no puede comprobar que, antes de ser detenido, tenía un arraigo familiar en México y en especial con su hijo, porque pasó casi un cuarto de siglo en Estados Unidos como indocumentado.
“En entrevista, informó que sí cuenta con la posibilidad de sufragar una garantía económica (para llevar su proceso fuera de prisión). Informa que al día de hoy lleva 9 años 4 meses aproximadamente privado de su libertad”, dice la evaluación de febrero pasado, y que esta madrugada fue considerado para que le negaran llevar su proceso en casa.
Agencias / Vox Populi Noticias
