Un tribunal federal revocó hoy la suspensión provisional que ordenaba al Gobierno realizar los trámites para aplicar la prueba PISA a estudiantes de quince años en 2025.
Por unanimidad, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa eliminó la suspensión concedida el 7 de mayo por la Jueza Ana Luisa Priego, en un amparo de la asociación civil Educación con Rumbo.
Dicha suspensión fue otorgada cuando crecían versiones de que el Gobierno pretendía no participar en la prueba, lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió el mismo 7 de mayo, cuando dijo que no hay ningún problema para que se aplique.
El tribunal colegiado resolvió hoy que no está claro, en el momento inicial del juicio, si la prueba PISA forma parte de un parámetro de control constitucional y de derechos humanos que puedan ser protegidos mediante amparo.
“Esto será materia del análisis que se haga de los instrumentos por los que el Estado Mexicano se adhirió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no podríamos desde ahorita juzgar esta cuestión”, explicó el Magistrado David García Sarubbi.
Su colega Rosa González Valdés enfatizó que, de concederse la suspensión, se estaría dejando sin materia el juicio de amparo, pues se le daría la razón por adelantado a Educación con Rumbo, cuando no se cuenta por ahora con más elementos que los afirmados por dicha organización en su demanda.
Cabe mencionar que, si bien López Obrador aceptó que se aplique la prueba, el Gobierno fue el que impugnó la suspensión provisional; es decir, rechaza que sea el Poder Judicial el que le ordene practicarla.
La Jueza Priego resolverá el 27 de mayo si concede la suspensión definitiva, para lo cual ya contará con informes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Ante el criterio del tribunal colegiado, es poco probable que la jueza insistirá en conceder la suspensión, y es previsible que el Gobierno pedirá desechar el amparo, ante su manifestación expresa de que sí se aplicará la prueba.
El eventual desechamiento del amparo impediría al Poder Judicial aclarar cuál es el estatus de la prueba PISA dentro del marco constitucional y legal que rige a la educación en México.
PISA mide los conocimientos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias de los estudiantes que pasan de educación básica a la media superior.
En 2022, México ocupó el antepenúltimo lugar entre los países evaluados, superando sólo a Costa Rica y Colombia, con 71 puntos por debajo de la media de 478 de todos los integrantes de la OCDE.
