A casi dos años del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una localidad de Chihuahua, no ha habido justicia ni se han esclarecido los hechos, aseguró el Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega.
“La comunidad de los jesuitas y la Iglesia en general sigue pugnando porque se esclarezcan los hechos y se haga justicia, que no queden impunes los hechos”, comentó.
El prelado reiteró que la política de pacificación impulsada por el Gobierno Federal no ha dado resultado y prueba de ello es el desplazamiento que hubo en un poblado de Chiapas, donde un grupo criminal incendió viviendas, lo que los pobladores dejaron sus hogares.
“Mucho se ha dicho la estrategia de pacificación en los hechos no ha funcionado, el que los pueblos tengan que dejar sus viviendas, sus lugares donde hacen su día a día y tengan que salir, eso habla del grado de temor y de incertidumbre que tienen en donde viven”, apuntó Robles Ortega.
“Le toca a las autoridades dar las garantías de seguridad”.
El máximo jerarca de la Iglesia Católica en Guadalajara consideró que las autoridades electas deben reflexionar y hacer un cambio de estrategia porque la que se tiene, no ha funcionado.
Al ser cuestionado sobre las impugnaciones que Morena realizó en la elección en Jalisco, consideró que están en su derecho y ahora deberán demostrar que tienen los argumentos para hacerlo.
“Si tienen argumentos o motivos objetivos tienen su derecho de impugnar y ya la autoridad definirá si aquello que presentan como pruebas o razones son o no”.
Robles Ortega comentó que tras los resultados de la elección, sólo ha tenido reunión con Pablo Lemus.
Sin embargo, precisó, ninguna autoridad electa tiene la obligación de pasar a su oficina.
“No tienen que pasar conmigo, lo hacen cuando están en campaña, pero ya que logran el triunfo o pierden, que Dios los bendiga, ya no se acercan.
“Pero no tienen la obligación, la obligación la tienen con el pueblo, con las comunidades, que les cumplan”.
El Cardenal también habló sobre las diversas manifestaciones y quejas que hay por parte de la ciudadanía por el servicio de agua potable, el cual es intermitente y de mala calidad.
“Es el sentir de quienes están recibiendo este tipo de agua de mala calidad, es una queja, un reclamo y eso bastaría para que las autoridades pongan la máxima atención porque es un derecho humano fundamental”.
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