La Suprema Corte de Justicia aplazó hasta mediados de agosto la discusión de ocho asuntos relevantes para el Gobierno federal, que se iban a votar originalmente en abril, pero ya han sido pospuestos en dos ocasiones.
Se trata de acciones de inconstitucionalidad contra la extinción de 109 fideicomisos del Poder Ejecutivo; contra cuatro leyes aprobadas en el llamado viernes negro del Senado en abril de 203; contra la expansión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y sobre la vigencia misma de esta figura, ante la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suprimirla.
En la mayoría de estos casos, que serían revisados a partir del 13 de agosto, la Corte requiere ocho de 11 votos para invalidar las leyes respectivas. Dichos votos existirán hasta el 30 de noviembre, fecha de retiro del Ministro Luis María Aguilar, dado que tres ministras ordinariamente apoyan las posturas del Gobierno.
Si bien el Congreso trabaja en sacar adelante la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que podría ser aprobada en septiembre, la iniciativa como hasta ahora existe no prevé el relevo inmediato de los actuales ministros, sino que seguirían en funciones hasta que los nuevos sean electos por voto popular, en fecha por definir.
Por lo pronto, el comité de la Corte que aprueba las listas del pleno incluyó este martes once asuntos que, sumados a catorce agendados el 21 de mayo, ocuparán su tiempo durante los siguientes dos meses. De estos casos, 21 se refieren a leyes y otros conflictos estatales, y ninguno tiene un perfil nacional relevante.
Los asuntos del viernes negro, donde cuatro ministros proponen invalidar las reformas por vicios de procedimiento de Morena y sus aliados en el Senado, así como los de prisión preventiva, inicialmente se iban a empezar a discutir en el pleno el 9 de abril.
Algunas reformas de la mayor relevancia para el Gobierno, como la creación del IMSS-Bienestar y la habilitación a la Sedena para operar al mismo tiempo aeropuertos y una aerolínea, también fueron aprobadas durante el viernes negro, pero aún no hay proyectos en la Corte.
En cuanto a la extinción de fideicomisos, el ministro Alfredo Gutiérrez retiró el pasado 7 de mayo un proyecto que anulaba la extinción de varios de estos instrumentos, decretada por el Congreso en noviembre de 2020.
El 31 de mayo, Gutiérrez repartió un nuevo proyecto que mantiene la invalidez de algunas extinciones, y agregó los de ocho controversias constitucionales contra la misma reforma, promovidas por gobernadores de oposición.
El tema de la prisión preventiva oficiosa ha provocado fuertes presiones del Ejecutivo, en las conferencias del Presidente, con advertencias sobre liberación masiva de reos de alta peligrosidad, aunque la eventual inaplicación de dicha figura sólo llevaría a que los jueces evalúen, caso por caso, si el acusado debe estar recluido mientras lo procesan.
