Loretta Ortiz, Ministra de la Suprema Corte de Justicia, esperó seis meses para admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores, quienes buscan con esa medida invalidar nuevos fideicomisos para subsidiar al Tren Maya y los aeropuertos bajo control militar.
El pasado 10 de junio, Ortiz admitió la acción 224/2024, promovida por todos los partidos de oposición en el Senado, que la Presidencia de la Corte le turnó desde el pasado 11 de diciembre.
Esto quiere decir que el juicio apenas va empezar, con el emplazamiento al Congreso y el Ejecutivo, y que la Corte no resolverá el caso en este sexenio, que termina en septiembre próximo.
Ortiz, quien usualmente vota alineada con los intereses del Gobierno, ya había tardado más de siete meses para desechar una controversia contra el decreto presidencial de mayo de 2023 que clasificó varias obras prioritarias como de seguridad nacional.
Esa demanda fue turnada a Ortiz el 5 de junio de 2023, pero la desechó por improcedente hasta el 10 de enero de 2024, con un argumento que el Pleno de la Corte ya había rechazado cuando anuló el primer decreto presidencial sobre obras prioritarias.
La ley reglamentaria de estos juicios no fija un plazo para que el Ministro instructor dicte el acuerdo de admisión, que no requiere mayor estudio, pues sólo se debe revisar si la acción fue presentada en tiempo y por el número suficiente de legisladores.
Usualmente, los Ministros ponentes tardan entre una y tres semanas para acordar la admisión o desechamiento de controversias y acciones, a partir de que les son turnadas por la Presidencia de la Corte.
La acción que Ortiz mantuvo seis meses en el limbo impugna la reforma del pasado 13 de noviembre a la Ley Federal de Derechos.
Uno de los cambios, al artículo 18-A, es para enviar el 100 por ciento del pago de los turistas extranjeros para ingresar al país a subsidiar al Tren Maya, mediante un fideicomiso controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Antes de esa reforma, y durante dos décadas, 25 por ciento de ese pago era para el Instituto Nacional de Migración (INM), que justo en noviembre empezó a reportar falta de recursos para atender a migrantes.
Al cierre de marzo pasado, este fideicomiso ya acumulaba más de 8 mil millones de pesos.
La reforma al artículo 220-A, en tanto, obliga a los concesionarios de aeropuertos privados a pagar 9 por ciento de sus ingresos brutos, para destinarlos a fideicomisos de Sedena y Marina que beneficiarán los 19 aeropuertos civiles bajo su control.
“Consideramos que las reformas a los artículos 18-A y 220-A de la Ley Federal de Derechos son inconstitucionales porque representan, en conjunto con otras normas y acciones, un severo desequilibrio entre las relaciones de los poderes civiles y militares, violando los artículos 73, 89 y 129 constitucionales”, afirman los senadores en su demanda.
El 129 es el artículo que ordena que, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas “no podrán ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Ciudad de México
