José Rodrigo Martínez Parcero, un desplazado de Tila que se refugió en Yajalón con su familia y que estaba reportado como desaparecido desde el viernes pasado, fue hallado muerto y con signos de tortura en un basurero.
El hallazgo ocurrió luego de la Marcha de la Paz y la Vida que organizaron hace tres días desplazados en Yajalón en demanda de seguridad para su retorno a Tila.
Luego de la movilización, recordó en entrevista uno de los miles de desplazados, los Gobiernos federal, de Chiapas y local prometieron instalar una Base de Operaciones Mixtas (BOM) para dar seguridad al retornar y vivir en paz en Tila.
“Pero no hay, no hay seguridad, con lo que le hicieron al señor Rodrigo porque el basurero donde fue hallado el cuerpo está a media hora del poblado, tenemos miedo”, dijo una mujer desplazada.
“El pueblo sigue siendo vulnerable, y con este asesinato hay pánico para regresar”, lamentó un desplazado.
En la noche del viernes pasado se tuvo la última comunicación con Martínez Parcero, desde el hospital donde trabajaba en el área administrativa.
Llamó a su esposa, quien lo esperaba en uno de los dos albergues habilitados en Yajalón para recibir a los desplazados de Tila, tras sufrir asesinatos, violaciones, quemas de casas y vehículos y amenazas a manos de integrantes del crimen organizado.
El sábado pasado, ante la promesa de las autoridades de instalar la BOM, al menos 200 personas empezaron a regresar a Tila, a bordo de carros del Ejército y de Protección Civil estatal, confiando en que habría calma y vigilancia de las autoridades.
“Pero hoy domingo la gente que ya retornó, ahora quiere regresar a Yajalón porque tiene miedo de que los asesinos vuelvan a asesinar, este homicidio es una muestra de que no hay seguridad”, dijo una desplazada.
Rodrigo tenía 45 años, era padre de dos hijos, y con su familia marchó junto a miles para exigir un retorno seguro a Tila.
En 2020, el padre de Rodrigo, Elmar, fue asesinado a machetazos por el mismo grupo de hombres que los ha desplazado, en medio de una disputa porque esos sicarios instalaron un portón que limitaba lo que identificaban como su territorio.
“Los militares resguardan los dos albergues de Yajalón, y piden no salir por seguridad, los niños ya no salen a jugar y muchos nos hemos dispersado, y algunas personas salen a buscar trabajo de ayudantes, la gente se desespera”, afirma la mujer entrevistada en un cuarto en renta.
En principio, la disputa era por tierras, entre ejidatarios “autónomos” y pobladores, pero por el nivel de criminalidad que en últimos días alcanzó, según declararon sobrevivientes a Grupo Reforma, algunos activistas y fuentes consultadas aseguran que el crimen organizado se metió aprovechando que el poblado es paso de migrantes y drogas.
