Las entidades federativas no cuentan con recursos ni con seguros suficientes que cubran los daños derivados de huracanes, advirtió Moody’s.
Aún con el apoyo federal, ante eventos de gran magnitud, las entidades registran presiones en el gasto y en la liquidez que pueden perdurar por varios años, dimensionó la calificadora en el análisis sectorial “Subsoberanos: estados con poco margen de maniobra ante huracanes”, publicado el 4 de julio.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que los estados deben constituir fideicomisos públicos fondeados con aportaciones anuales para atender desastres naturales, explicó Moody’s.
Ante esto, los estados han hecho muy pocas contribuciones a estos fideicomisos respecto al impacto que han tenido algunos desastres en su territorio, abundó.
De acuerdo con la calificadora, las reservas de los estados calificados son en promedio de 78 millones de pesos, inferiores al uno por ciento de sus ingresos operativos, aunado a que pocos tienen seguros contra desastres.
“Dichas reservas no son suficientes para enfrentar algún desastre derivado por un huracán, ya que, en promedio, éstos han generado daños por mil 700 millones de pesos entre 2010 y 2022 por evento, manteniendo una alta dependencia de recursos federales para hacer frente a la reconstrucción y apoyo a la población cuando ocurren desastres naturales”, indicó.
La exposición a los desastres relativos a fenómenos hidrometeorológicos se concentra en estados con posiciones financieras más rígidas.
Entre los estados calificados están Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa, y son los que han sufrido mayores daños provocados por huracanes entre 2010 y 2022.
Los estados más susceptibles a este tipo de desastres también tienen niveles de desarrollo económico per cápita más bajos y flexibilidad financiera limitada, como Oaxaca y Guerrero, cuyo margen para absorber choques es mínimo, delineó la agencia.
Moody’s planteó que, en este escenario, los choques provocados por desastres naturales pueden presionar aún más la liquidez y llevar a la contratación de créditos de corto plazo por parte de los estados, resultado de los gastos que se realizan para cubrir las necesidades inmediatas para atender a la población tras el desastre.
El escenario para el mediano plazo es que pueden encontrarse obligados a tomar financiamientos para la reconstrucción de infraestructura y a observar impactos negativos en los ingresos propios, especialmente cuando estos fenómenos tienen repercusiones adversas en la actividad económica a nivel regional o local, lo cual hace aún más fuerte el impacto en las finanzas públicas, advirtió.
