El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Tamaulipas atraviesa momentos difíciles. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha asegurado su edificio principal —colocando sellos en la entrada—. Esto es resultado de una serie de demandas laborales pendientes desde 2016, cuando el PRI perdió el poder en el estado.
Hace ocho años, el PRI gobernaba Tamaulipas, dominaba la mayoría de los municipios y tenía el control del Congreso del Estado. Sin embargo, hoy el panorama es completamente diferente y el partido parece estar al borde de la desaparición.
En la última celebración de su aniversario, previa a las elecciones, la asistencia fue desalentadora. Menos de 50 personas —incluyendo algunos líderes y aspirantes a candidaturas— se hicieron presentes. La falta de apoyo quedó en evidencia.
Durante las elecciones de 2022 para la gubernatura del estado, el PRI ni siquiera presentó un candidato. La dirigente estatal del partido, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ha estado ausente de la escena pública desde la aplastante derrota electoral del 2 de junio.
A pesar de la adversidad, Guillén Vicente se aseguró el primer lugar en la lista de diputaciones plurinominales —garantizando su puesto como legisladora por los próximos tres años—.
El ánimo entre los priistas en Tamaulipas está en declive; se rumora que algunos miembros podrían migrar al Partido Acción Nacional (PAN). Otros consideran unirse a un nuevo movimiento político que busca formar un nuevo partido.
La situación del PRI en Tamaulipas con las demandas laborales es un reflejo de los desafíos que enfrenta el partido a nivel nacional. Existe una necesidad urgente de renovación y adaptación para mantenerse relevante en el cambiante panorama político del país.
