Un Tribunal federal echó abajo la primera sentencia condenatoria dictada en un juicio por el caso de la Estafa Maestra, tras acreditarse que la acusada no hizo un pago de 7.8 millones de pesos, en un convenio en el que supuestamente se desviaron más de 60 millones de pesos de la Sedesol.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México canceló la condena de seis meses de prisión y la multa de 2 mil 103 pesos, impuesta en primera instancia a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El fallo también dejó sin efecto la amonestación y la suspensión de los derechos políticos y civiles de la ex funcionaria, así como el pago a la reparación del daño, señala el resolutivo.
La condena en primera instancia fue dictada por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez del Reclusorio Sur constituido en el Tribunal de enjuiciamiento.
Montoya fue acusada en este juicio de pagar ilegalmente la factura 3624, serie A, del 5 de junio de 2015, por un monto de 7 millones 850 mil 140 pesos, los cuales eran parte de un convenio en el que la Sedesol pagó un total de 60 millones 952 mil 400 pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
El contrato en cuestión había sido suscrito para que la Universidad constituyera unos comités comunitarios que iban a instrumentar proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Los Magistrados del Tribunal concluyeron que, con base a los procedimientos en el ejercicio de estos recursos, la ex funcionaria no tuvo a su disposición el dinero y tampoco los pagó a la UNACH, responsabilidad que recayó en la Tesorería de la Federación.
“Conforme a ese procedimiento, es evidente que Martha Lidia Montoya Santos no tenía a su cargo fondos públicos y que quien pagó la factura. por un monto de 7 millones 850 mil 140 pesos, expedida por la UNACH, fue la Tesorería de la Federación, la que, por tanto, sí tenía a su cargo ese tipo de recursos”, dice el fallo.
Este fallo aún no es definitivo porque lo puede impugnar la Auditoría Superior de la Federación a través de un amparo.
Sin embargo, tiene en curso otro proceso de la Estafa Maestra por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con una presunta contratación ilegal de 20 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
Antes también estuvo procesada por otra supuesta contratación ilícita de 400 millones de pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas, sin embargo, un tribunal de apelación canceló este procedimiento por falta de méritos.
