Con el voto en contra de la Oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El dictamen avalado con 20 votos a favor de Morena y sus aliados, 14 en contra de la Oposición y una abstención de la morenista Lidia García, plantea incorporar la extorsión, la producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas, como el fentanilo, el narcomenudeo, la defraudación fiscal y la compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas las facturas que amparen operaciones inexistentes, como delitos que ameritan esta medida cautelar.
Lo anterior, en contrasentido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado mexicano modificar su normatividad en la materia, al considerar la prisión preventiva oficiosa como incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Durante la discusión, la Oposición buscó modificar el dictamen a través de cinco reservas, pero la única avalada por la mayoría fue la presentada por el diputado de Morena, Leonel Godoy, para prohibir cualquier interpretación análoga o extensiva de la norma.
“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, indica la modificación avalada.
La reserva generó críticas de la Oposición, que advirtió que es una camisa de fuerza para la Corte, porque toda autoridad debe respetar el Artículo 1º de la Constitución, el cual garantiza y protege los derechos humanos.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que ampliar la prisión preventiva oficiosa es contrario a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual puso en el centro su protección, su universalidad y su progresividad, además de reconocer el control de convencionalidad.
Dijo que si bien todos los delitos merecen ser castigados, difícilmente la prisión preventiva será una solución a la impunidad que actualmente existe. Como ejemplo, señaló que actualmente el limón tiene una “narcoinflación” de cuatro pesos por kilo, pero el problema sigue siendo lograr la detención de los responsables del delito de extorsión, además de que en muchos casos, éste se comete desde las prisiones.
“Reflexionemos, vamos a llenar este artículo constitucional un día con todo el catálogo de tipos delictivos, así como va. ¿Entonces para qué queremos un nuevo sistema de justicia penal adversaria, garantista? Esa es la pregunta, si estamos haciendo todo lo contrario. Le estamos dando al traste a la reforma de 2010, 2011, porque ya no queremos control convencional, tenemos un mandato de la Corte Interamericana para sacar la prisión preventiva oficiosa de nuestra legislación”, dijo.
La panista Paulina Rubio afirmó que la reforma reprueba todos los exámenes de pertinencia, porque atenta contra los más pobres, ya que cuatro de cada 10 detenidos en prisión no cuentan con sentencia.
Rubio sostuvo que el problema no es la falta de la medida cautelar, sino de investigación para prevenir los delitos y combatir la impunidad.
“Esta prisión preventiva viola los derechos humanos y genera efectos perversos en las fiscalías, las vuelve ineficientes, las vuelve lentas, las vuelve opacas con una salida aparentemente fácil pero, además, los incentivos de trabajo adecuado del sistema de procuración de justicia, cuando lo que se debe estar haciendo es redistribuir y rediseñar la carga investigativa entre fiscalías y policías, porque el diseño actual es verdaderamente insostenible”, afirmó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López, calificó la reforma como populismo punitivo, porque con ella se pretende crear una falsa sensación de seguridad.
Indicó que con la reforma de 2019, los tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa sumaron más de 20, pero a pesar de ello, los feminicidios aumentaron en 3.2 por ciento, el abuso sexual en 23 por ciento, la desaparición forzada en 13 por ciento y los delitos electorales en 557 por ciento, lo que la convierte en una media violatoria de los derechos humanos que no ha sido efectiva.
El legislador rechazó que, como afirma el Presidente, eliminar la prisión preventiva implique la liberación de más de 60 mil personas, porque se les deberá aplicar otra medida cautelar para que una persona continúe en prisión, pero de manera justificada.
En su turno, el morenista Marco Rosendo Medina, consideró que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 no puede ser una camisa de fuerza para el Estado mexicano.
“Tampoco podemos entrar en el falso debate del conflicto de derechos, si debemos privilegiar los derechos en lo individual o nuestros derechos como sociedad y aquí lo que estamos tratando es de darle mayores herramientas al estado para que pueda actual en contar de delitos que afectan de manera importante a la sociedad”, indicó.
