Un juez federal ordenó asegurar las cuentas bancarias a presuntos implicados en el caso de la supuesta compra simulada que hizo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) de 7 mil 840 toneladas de azúcar, por un valor de 142 millones 440 mil 883 pesos, medida que fue notificada a los involucrados seis meses después de que fuera implementada.
Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, tomó esa decisión por solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), según documentos judiciales.
Lo peculiar de esta medida precautoria es que fue solicitada y ordenada el 16 de enero pasado, pero se notificó a los procesados apenas el pasado 17 de julio, medio año después de que se inmovilizaran los recursos por la orden judicial.
El aseguramiento también fue dictado 10 meses después de que se libraran las órdenes de aprehensión en el caso de la compra de azúcar, un plazo en el que los imputados pudieron disponer de sus recursos.
“Se autoriza únicamente el aseguramiento de las cuentas bancarias solicitadas por el agente del Ministerio Público de la Federación de los imputados que se mencionan en la última parte del considerando quinto de la presente resolución y en los términos ahí precisados”, se estableció en el fallo.
Este aseguramiento también se notificó después del cierre de la investigación complementaria, ya que la mayoría de los procesados cerró la instrucción de sus procedimientos en marzo y está a la espera de que les fijen fecha para la audiencia intermedia.
En el documento, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo visibiliza el nombre del procesado notificado y suprime con marcador negro las identidades del resto de los imputados a quienes les congelaron las cuentas bancarias.
La investigación de la FGR señala que Diconsa, organismo filial de Segalmex, pagó a la empresa Servicios Integrales Carregín más de 142 millones de pesos por un contrato de 7 mil 800 toneladas de azúcar.
Si bien en el expediente hay documentos que señalan que la proveedora no entregó 3 mil 110 toneladas, la Fiscalía afirma que todo el contrato fue una simulación total y que no hay evidencia de que haya sido entregado un sólo gramo del producto.
Este es un asunto en el que se giraron 22 órdenes de aprehensión por lo delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, y en el que fueron detenidos y vinculados a proceso al menos la mitad de los imputados.
René Gavira Segreste, ex jefe de Administración y Finanzas; Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Liconsa; y Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente en Querétaro, son algunos contra los que se instruyeron las capturas.
Fernando Hiram Zurita Jiménez, ex director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, quien supuestamente operó la empresa fachada Carregín, también está preso por esta imputación.
