Después de cinco años de investigación, debido a las resistencias de Morena a entregar la información, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó una transferencia de fondos del partido a figuras políticas que después ocuparon cargos públicos en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador… sin embargo, lo perdonó.
Líderes o candidatos de Morena fueron colocados en la nómina partidista como encuestadores, y cobraron hasta 54 mil pesos mensuales.
Sus nombres fueron hallados durante una investigación que comenzó el INE por el desvío de 22.6 millones de pesos de una partida que debía ser destinada a la promoción política de mujeres, pero que fue empleada para la elaboración de encuestas entre 2017 y 2018.
Entre quienes simularon ser encuestadores aparecen la ahora Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien en esos años jugaba un papel clave en la campaña presidencial del tabasqueño y ya había sido diputada federal.
Así como los ahora Gobernadores de Michoacán y Baja California, Alfredo Ramírez y Marina del Pilar Ávila. El primero en ese momento era candidato a diputado local y la segunda candidata a diputada federal.
Cada uno de ellos recibió pagos mensuales de hasta 54 mil pesos entre 2017 y 2018, previo a la llegada al poder de López Obrador.
Consejeros del INE acusaron falta de exhaustividad en la investigación sobre el gasto de 22.6 millones de pesos en dos encuestas que realizó Morena para determinar cuál era la situación de las mujeres en política.
Por ley, los partidos están obligados a destinar al año el 3 por ciento de sus prerrogativas a la capacitación y desarrollo de las mujeres, por lo que el INE le pareció “sospechoso” que prácticamente 90 por ciento de esa partida, entre 2017 y 2018, los morenistas la destinaran a encuestas, por lo que abrió dos procedimientos oficiosos.
Aunque a lo largo de 100 páginas del dictamen aprobado el 31 de julio, la Unidad de Fiscalización advierte irregularidades, concluye que la mayoría de personas involucradas no respondió a sus notificaciones para saber el origen y destino de los recursos, y debido a que el 4 de agosto se agotaba el tiempo para resolver el caso, lo declaró infundado.
Sin embargo, tanto en las sesiones de la Comisión de Fiscalización como del Consejo General, consejeros advirtieron una posible simulación o desvío de recursos pues, casualmente, no se entregaron las pruebas de las 7 mil 728 encuestas que supuestamente se aplicaron para dos investigaciones prácticamente iguales.
