A unos días de que Morena y sus aliados en el Congreso dictaminen la reforma Constitucional que pretende instaurar la elección por voto popular de todos los Jueces del País, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, urgió a defender la independencia judicial.
“Alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial”.
“Ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales universales, interdependientes, indivisibles y progresivos de todo ser humano”, dijo durante un discurso en el que no hizo alusión directa a los detalles de la iniciativa del Ejecutivo”.
“Preservemos la independencia judicial es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo”.
La Ministra Presidenta inauguró en la Corte el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, un evento de tres días donde participará, por ejemplo, Eduardo Rodríguez Veltzé, Presidente de Bolivia -durante seis meses entre 2005 y 2006-, quien es un duro crítico de la elección de jueces impulsada por el régimen de Evo Morales en ese país, el único con un sistema similar al de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
También se había previsto la participación de Alí Lozada Prado, Presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, país con el que México no tiene relaciones diplomáticas desde abril, pero finalmente el juez no confirmó su asistencia.
Al evento asistieron legisladores de todos los partidos, cinco Ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, representantes de 30 embajadas, del Consejo Coordinador Empresarial, Concamin y la Coparmex, así como presidentas y secretarios de las asociaciones que agrupan a jueces y magistrados, de los principales colegios de abogados, y de organizaciones internacionales como la Fundación Konrad Adenauer.
Desde el pasado jueves, Piña manifestó su rechazo a la elección de jueces por voto popular, y está pendiente la entrega al Congreso de las conclusiones de la consulta nacional que la propia Corte realizó desde febrero para conocer las necesidades de los usuarios del sistema judicial.
CLIMA DE TOLERANCIA
El Encuentro también es patrocinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y por la Oficina del Alto Comisionado de ONU para Derechos Humanos en México.
Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto del Alto Comisionado, afirmó que la reforma judicial se debe delibrar en un clima de tolerancia, bajo un proceso amplio, abierto, plural y transparente, en el cual es crucial que las propuestas adoptadas se ajusten a las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
“La reforma debería partir de un diagnostico objetivo, basado en evidencia, y abarcar todas las instituciones” relacionadas con la justicia, agregó, por ejemplo, policías, fiscalías, forenses, sistema penitenciario y defensorías públicas.
