La Suprema Corte de Justicia iniciará el último año de la era que inició en 1995, sometida a una reforma que repudia las últimas tres décadas de su historia y la deja en calidad de colaboradora de una elección de Jueces federales por voto popular, que ningún país ha implementado.
El Pleno de la Corte sesionará en privado para acordar si levanta la suspensión de labores que inició el 3 de septiembre, en protesta por la reforma, y la Primera Sala ya tiene agendada sesión ordinaria para hoy.
Varios Ministros y Ministras declinaron comentar sobre lo ocurrido el martes en el Senado y su futuro inmediato, que incluye una reducción de 42 por ciento de sus ingresos anuales de 3.3 millones de pesos netos, para quedar en los 1.9 millones que percibe el Presidente de la República.
A diferencia de la reforma de Ernesto Zedillo, que removió a los 26 Ministros en funciones a finales de 1994, para designar de inmediato a los 11 relevos, la reforma de Andrés Manuel López Obrador requiere que los actuales Ministros se mantengan en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025, pues la elección judicial será en junio.
Diez de los once tendrán que elegir, hacia mediados de octubre, si participan en la elección, o si renuncian pero se quedan en el puesto hasta agosto, lo que les dará derecho a cobrar el haber de retiro, proporcional al tiempo que laboraron en la Corte.
La Ministra Margarita Ríos Farjat ya adelantó que no renunciará, pues considera indigna esta opción, y seguirá en su puesto para no dejarlo vacante. Otros podrían seguir este camino, pero también podrían renunciar desde ahora, poniendo en riesgo la operatividad de la Corte, que inició 2024 con 2 mil 200 asuntos pendientes de sentencia.
La situación del ex Presidente Luis María Aguilar, quien se retira el 30 de noviembre, es distinta.
Los transitorios de la reforma lo excluyen de la posibilidad de acceder al haber de retiro, en lo que parece una venganza, pues es el único de los once al que no se le da este derecho, luego de una carrera judicial de más de 50 años.
Aguilar puede intentar su renuncia inmediata, antes de que se publique la reforma, pero el Senado podría rechazarla.
