La Suprema Corte de Justicia determinó que la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) a través de un decreto del Ejecutivo fue legal. La Segunda Sala de la Corte tomó esta decisión por unanimidad; revocando el primero de varios amparos que sostenían que la creación por decreto presidencial violaba el principio de reserva de ley.
El argumento de la Corte se basa en que la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT) todavía otorga facultades en materia aduanera a dicho órgano. Aunque el Congreso no ha realizado reformas al respecto. El Ejecutivo trasladó por completo esas facultades a la ANAM; mientras que también delegó el control operativo de todas las aduanas a los militares.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, al crear la ANAM mediante un reglamento, no tuvo que presentar la participación de los militares. Ni la creación de dos nuevos fideicomisos para discusión en el Congreso; estos fideicomisos obtienen fondos de trámites aduaneros. Así mismo son gestionados por las secretarías de Marina y de Defensa Nacional.
Suprema Corte Confirma Legalidad de la Agencia Aduanal Creada por AMLO
La Corte afirmó que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen la facultad de crear órganos desconcentrados.
En julio de 2021, cuando se emitió el decreto de creación de la ANAM. El Ejecutivo incluyó un artículo transitorio. El cual aclaraba que el nuevo órgano funcionaría solo hasta que el Congreso aprobara los cambios necesarios a la Ley del SAT. Sin embargo, en una reforma de diciembre del mismo año, López Obrador abrogó ese decreto; militarizó la operación de las aduanas. Así mismo no mencionó la necesidad de esperar reformas legales para que la ANAM funcionara.
Todos los recursos humanos y materiales de la Administración General de Aduanas del SAT fueron transferidos a la ANAM. Varias empresas y personas habían utilizado el argumento ahora rechazado por la Corte. Para impugnar multas y sanciones impuestas por la ANAM; argumentando que sus funcionarios carecían de competencia legal en materia aduanera.
La Corte también se apoyó en precedentes de la década de los 90; incluido uno que validó la creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mediante un reglamento del Ejecutivo.
