Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Reynosa no han desistido en su lucha por echar atrás la Reforma Judicial. En conferencia de prensa, aclararon que disponen de varias herramientas legales, como la posibilidad de impugnar o promover amparos, para frenar esta reforma ya aprobada.
Yolanda Vega Marroquín, jueza del Octavo Distrito en Tamaulipas, comentó que, aunque el decreto ya está en vigor, existen recursos legales que aún pueden emplear para revertir la situación. Sin embargo, debido al proceso judicial en curso, no puede dar más detalles sobre las estrategias que utilizarán. Agradeció el respaldo de sindicatos, cámaras empresariales y la sociedad en general, asegurando que continuarán con el paro mientras deciden las acciones a tomar.
Por su parte, Rogelio Martínez Jasso, magistrado del Primer Tribunal Colegiado, explicó que la reforma afecta sus derechos jurídicos. Muchos jueces y magistrados perderán sus puestos entre 2025 y 2027. Esto abrirá el camino para que otros sean seleccionados en su lugar, cambiando significativamente la estructura actual del sistema judicial.
Roberto de León Sánchez —secretario del Juzgado Octavo de Distrito— advirtió que esta reforma también tendrá repercusiones para la sociedad; como en casos de embargos de viviendas de INFONAVIT, donde los jueces podrían no ser imparciales. Cuando haya una crisis de recaudación por pensiones, los jueces alineados al partido gobernante podrían priorizar su reelección. Dejó en claro que las decisiones judiciales podrían estar influidas por intereses políticos.
Los trabajadores del PJF en Reynosa seguirán evaluando todas las vías legales disponibles para revertir la reforma, sin quitar el dedo del renglón.
