Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN, afirmó que la reforma judicial que Morena promovió, aún no es definitiva, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría anularla.
Según Cortés, hay numerosos amparos, suspensiones definitivas y controversias constitucionales en revisión que podrían invalidar la reforma. Por lo que criticó el proceso legislativo que permitió la aprobación de la reforma, calificándolo de desordenado.
Además, señaló que compromete la independencia del Poder Judicial.
“La SCJN tiene en sus manos la posibilidad de revertir esta reforma, que pone en riesgo el Estado de Derecho y la división de Poderes en México”, subrayó el líder panista.
Reforma judicial no es definitiva
Mencionó una acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN y una controversia constitucional impulsada por el gobierno de Guanajuato. Es lo que presentó, entre los recursos legales.
Con lo cuales se busca poner freno a la reforma, que, según Cortés, afecta los derechos progresivos y compromisos internacionales de México. Especialmente en derechos humanos.
—Uno de los puntos que más “ruido” hace es la elección de jueces y magistrados mediante sorteo—.
Cortés considera este método es “viciado y carece de reglas claras”, lo que lo convierte en un proceso inaceptable.
“No se puede hacer un proceso electivo serio cuando existen amparos con suspensiones definitivas. El uso de una tómbola para decidir cargos es inaceptable”, afirmó.
Advirtió que desconocer al Poder Judicial podría generar una crisis institucional. Y cuestionó al partido gobernante y a la presidenta Claudia Sheinbaum, preguntando:
“Si la Corte tumba la reforma judicial, ¿la van a aceptar o la van a imponer a la fuerza?”.
Cortés recordó que el PAN presentó una acción de inconstitucionalidad señalando irregularidades en el proceso legislativo. Como es el caso de la falta de inclusión de comunidades indígenas y de diálogo con miembros del Poder Judicial.
—A pesar de las más de 70 suspensiones en vigor, señaló que el Consejo de la Judicatura sigue preparando listas de jueces y magistrados para votación en 2025, lo que considera un atropello al marco legal del país—.
