A 14 años del asesinato de la activista Marisela Escobedo, colectivos de Chihuahua alertaron que su muerte sigue siendo una vergüenza para el gobierno en todos sus niveles. Integrantes de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres se reunieron frente al Palacio de Gobierno, donde Marisela fue asesinada, para rendirle homenaje.
Recordaron que días antes de su muerte, Escobedo había advertido lo que sería su destino: “Si me va a venir este hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente (del Palacio de Gobierno) para vergüenza del Gobierno”.
A 14 años de impunidad, con la familia de Marisela desplazada a otro país y un aumento continuo de violencia contra las mujeres en Chihuahua, las organizaciones aseguraron que este caso sigue siendo “la vergüenza del gobierno, en todos sus niveles”.
Exigen justicia por Marisela Escobedo tras 14 años de impunidad
Las activistas subrayaron que, como Marisela Escobedo, muchas madres de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas son las que arriesgan su vida para exigir justicia.
En su mensaje, exigieron al gobierno adoptar las medidas necesarias para erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Tal como lo establecen los tratados internacionales de los que México es parte. También demandaron el cumplimiento de la Alerta de Género, con la participación activa de la sociedad civil.
Activistas piden justicia por Marisela frente al Palacio de Gobierno
La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo, de 52 años, llevaba más de una semana en un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ahí exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo. Cerca de las 21:00 horas, un hombre se acercó a ella y le disparó frente a la sede gubernamental, un hecho que quedó videograbado.
En segunda instancia, se logró una sentencia condenatoria, pero Barraza Bocanegra ya no estaba detenido. Marisela continuó luchando por la aprehensión de su hija. “Recorrió el país. Encabezó marchas. Realizó múltiples protestas, se reunió con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres ocasiones y demandó su detención. Confrontó al Gobernador (César Duarte), denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico. Enfrentó amenazas de muerte de la familia del asesino y advirtió que sería asesinada si no hacían nada para protegerla”, agregó el CEDEHM.